Los periodistas en el auditorio del Ministerio Público esperaban con ansias las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la funcionaria que ahora la oposición utiliza como bastión por haber denunciado una ruptura del orden constitucional.

Solo los trabajadores de Venezolana de Televisión demostraron poco interés. En ese momento el canal del Estado transmitía declaraciones del diputado Diosdado Cabello desde Falcón, donde se llevó a cabo un acto de respaldo al presidente Nicolás Maduro.

“La paz no se decreta, se construye con actuaciones”, dijo Ortega Díaz en una de sus expresiones más enfáticas. A pesar de eso, de que asumió una postura similar a Maduro, en favor del diálogo, la fiscal no apareció en vivo en VTV.

La fiscal mencionó varias acciones vandálicas denunciadas tanto por el chavismo como por la oposición, pero no las vinculó ni con dirigentes de la MUD ni del oficialismo: los ataques contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el Materno Infantil, los saqueos en El Valle y los asesinatos de ciudadanos en medio de manifestaciones.

“Repudio todos los hechos de violencia ocurridos en el país, los rechazo, soy una mujer de paz, no puedo tolerar la violencia”, indicó Ortega Díaz, quien el 31 de marzo advirtió que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia evidenciaban una violación del orden constitucional, lo cual generó una ola de protestas opositoras que cada vez suma más personas exigiendo democracia y denunciando que hay una dictadura en el poder.

El mandatario nacional dijo el 1° de abril que había sido superado el impasse entre la Fiscalía y el TSJ, luego de que fuera convocado el Consejo de Defensa de la Nación. Sin embargo, los detractores del chavismo se mantienen firmes en las protestas; aún exigen elecciones regionales, canal humanitario, liberación de presos políticos y respeto a las competencias de la Asamblea Nacional.

Pero la fiscal no se refirió a este asunto, uno sobre el que los periodistas querían consultarle. Pero sí tocó otros puntos esenciales y ofreció datos. Confirmó que 26 personas han muerto durante las manifestaciones: 22 adultos y 4 adolescentes; ha habido 1.289 detenciones, hay 65 privados de libertad y hoy 217 ciudadanos fueron presentados; han sido registrados 437 heridos; 9 personas están privadas de libertad por los ataques contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y hay 10 detenidos por los saqueos en El Valle.

Inmediatamente defendió la institución que preside: “Quiero asegurar con firmeza que cualquier hecho que atente contra la paz y la tranquilidad del pueblo va a ser investigado. Vamos a investigar, el Ministerio Público, que es el que tiene la titularidad de la acción penal. Vamos a exigir el debido castigo para los que aparezcan como responsables. Que nadie se aventure a recorrer caminos distintos a los establecidos en nuestra Constitución”.

De principio a fin, el llamado de Ortega Díaz fue de diálogo, paz y negociación, así que pidió a los dirigentes de ambos bandos políticos evitar los insultos racistas y xenófobos, “que no nos van a llevar a ningún lado”, dijo.

Llamados, advertencias y aclaratorias de la fiscal: 

10 La fiscal general inició su discurso llamando a la paz y la no violencia: “Quiero expresar mi más firme rechazo a la violencia como arma de acción política. La política no debe conducirnos a la guerra, la política es el ejercicio del diálogo y la negociación. Es la confrontación de ideas en el marco del respeto a las diferencias que pueden darse en una sociedad, sobre todo en una como la nuestra, de larguísima tradición democrática”.

9 Pasada la mitad de la alocución, advirtió enfáticamente que el camino a seguir es el de la Constitución: “Que nadie se aventure a recorrer caminos distintos a los establecidos en nuestra Constitución, pues allí están expresadas claramente las formas de dirimir nuestras diferencias”.

8 Pidió a los principales actores políticos del país comportarse diplomáticamente: “Todos deben bajar el tono de la confrontación. Deben dejar de utilizar descalificaciones y deshumanizaciones del otro por solo pensar distinto; discursos racistas, xenófobos y descalificaciones que no nos van a llevar a ningún lado. Debemos entender que para que una sociedad sea realmente democrática, el respeto al otro, aunque piense distinto, es fundamental. Requerimos volver al diálogo, con interlocutores válidos con poder de decisión para construir una agenda de acuerdos que permita salidas democráticas e institucionales que resguarden el Estado de derecho”.

7 Paz de acciones, no de palabras: “Nadie desea para nuestro país, y menos la que les habla aquí, un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera. La paz no se decreta, se construye con actuaciones, con ejemplos, con el predicar con el ejemplo, con instituciones fuertes que garanticen el ejercicio de derecho de todos los venezolanos, sin ningún tipo de discriminación política”.

6 En todos los movimientos políticos hay grupos violentos: “En los grupos denominados opositores, así como los que apoyan al gobierno, existen multiplicidad de actores: unos que manifiestan y expresan sus ideas de forma pacífica, eso es lo correcto, haciendo valer la Constitución, pero también nos encontramos con grupos violentos, que son los minoritarios, con excesiva violencia política, que promueven enfrentamientos entre venezolanos y entre los cuerpos de seguridad, que promueven acciones vandálicas, que nadie puede celebrar ni convalidar”.

5 Pidió el respeto al debido proceso porque ha habido detenciones que se han hecho en flagrancia sin descripciones en actas policiales: “El país necesita seguridad jurídica, por eso debe haber certeza de que si la persona cometió un delito va a ser sancionada, pero si no cometió delito no puede ser sancionada”.

4 Dirigentes y militantes del oficialismo están cuestionando la labor de la fiscal general a través de Twitter, donde han utilizado el hashtag #DóndeEstáLaFiscal. Entre los críticos se encuentra Daniel Aponte, ex jefe de gobierno del Distrito Capital, quien indicó en su cuenta: “Ojalá y la fiscal general de la República @lortegadiaz rechazara la violencia de estos grupos terroristas de la derecha. ¡Justicia ya!”.

La fiscal pareció contestar: “Quiero mencionar una afirmación que escuché por ahí, en esos ir y venir. Palabras menos o palabras más, decía: que actúe el Ministerio Público frente a las manifestaciones y trancas de calle. Eso corresponde a órganos de seguridad ciudadana. El Ministerio Público no es un órgano de seguridad ciudadana, es el titular de la acción penal”.

3 Debido proceso: “Los ciudadanos solo pueden ser aprehendidos en flagrancia o a través de una orden judicial, pero, cuando la detención es en flagrancia, se debe establecer, no lo digo yo lo dice la ley, un acta policial que explique de forma detallada la circunstancia de modo, tiempo y lugar en que fue sorprendido el aprehendido. El funcionario policial no tiene que decir cuál es el delito, quien califica es el fiscal del MP, el funcionario policial lo que tiene es que narrar los hechos”.

2 La fiscal, para explicar la violación del debido proceso, recordó que en Nueva Esparta fueron detenidas 38 personas en flagrancia el 19 de abril por funcionarios de la Guardia Nacional, quienes los entregaron al Cicpc. Pero no hubo actas policiales que narraran los motivos, así que el MP solicitó la liberación de los ciudadanos, pues no había sustento; sin embargo, tal petición no fue acogida por el tribunal, que optó por mantener a los aprehendidos hasta la presentación de fiadores. “Sin que, como he dicho, mediara la perpetración de un delito, y mucho menos la imputación fiscal”, indicó. 

“Nos encontramos con una situación anómala: el Cicpc, que trasladó a los aprehendidos, no conoce las circunstancias que dieron origen a tal actuación, sino que los aprehendió la GNB y se los entregó al Cicpc, y el Cicpc, por supuesto (ojo no quiero señalar a alguien), lo que hace es transcribir las personas que están detenidas. Pero, por ninguna parte, (…) narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron aprehendidas las personas: qué estaban haciendo, cuál era la conducta que desarrolló la persona para aprehenderla”.

1 Y esgrimió: “Fíjense que el debido proceso, incluso en los estados de excepción, (…) se debe garantizar. Entonces, estoy obligada, como fiscal y los fiscales que actúan por delegación fiscal, a garantizar el debido proceso”.


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