3.500 pacientes venezolanos están en riesgo de muerte debido a la suspensión del programa de trasplantes, afirmó el diputado William Barrientos, miembro de la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento.
«Se robaron 10 millones de euros al romper el convenio con el gobierno de Italia en 2018», manifestó durante su intervención en el debate sobre la emergencia humanitaria compleja que pone el énfasis en la catástrofe nacional.
Dijo que la crítica situación del país es producto de «despilfarro de 200.000 millones de dólares», no por culpa de las sanciones internacionales como pretende hacer creer el régimen de Nicolás Maduro. «Un puñado de ladrones y forajidos se robó todo», agregó.
Señaló que la cúpula gobernante prohibió la entrada de los medios de comunicación al Parlamento, para tratar de impedir que la población venezolana y la comunidad internacional se enteren de que «7 millones de ciudadanos requieren ayuda porque están en pobreza extrema, 11,8 millones viven con sueldo mínimo que solo les permite comprar 5% de la canasta básica, 6,9 millones no pueden adquirir medicamentos y 324.000 niños están en hogares en estado de vulnerabilidad y han desarrollado desnutrición leve, moderada o grave, que les imposibilitará incorporarse al proceso productivo y de desarrollo de la nación».
Denunció que 4.809 pacientes renales han fallecido a causa de la escasez de insumos y que en el país mueren 25 pequeños diariamente.
«La crisis humanitaria compleja, que reconoce la Organización Mundial de la Salud, podría terminar en una catástrofe humanitaria. Venezuela es una tierra arrasada, no hay discriminación para la muerte», expresó.
El legislador solicitó a la plenaria la creación de una comisión especial, constituída por las academias de Medicina, la Iglesia, las ONG y la Comisión de Salud del Parlamento, para que trabaje en la construcción de un sistema de salud óptimo con miras al momento en que se consolide un cambio de gobierno.