Petróleos de Venezuela enfrenta la posibilidad de un número importante de demandas en su contra por incumplimientos de pago de deudas pendientes durante el último trimestre de 2018, luego del caso de la empresa minera Crystallex de Canadá que sienta un precedente importante, expresó el economista Luis Oliveros.

El experto señaló que los libelos aumentarán en las cortes de Estados Unidos y avizora que el siguiente en la lista puede ser Rusoro, compañía minera ruso canadiense, seguido de miles de tenedores de bonos de la deuda externa venezolana y de Pdvsa ante la situación de default.

Precisó que el servicio de la deuda externa de la República y Pdvsa para el presente año asciende a 10 millardos de dólares y esta vez las bajas reservas internacionales en el Banco Central de Venezuela por un poco más de 8 millardos de dólares no pueden salir en auxilio. “Si el gobierno no se sienta a negociar esa deuda, Venezuela y Pdvsa van a tener muchos problemas”, dijo.

El jueves 9 de agosto, el juez federal estadounidense, Leonard Stark, dictaminó que Crystallex podía cobrarse la deuda por 1,2 millardos de dólares quedándose con acciones de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos. Sin embargo, la corte no ordenó cuándo se podrá hacer efectiva su decisión.

En este contexto, la estatal petrolera venezolana apeló al día siguiente el fallo judicial.

En 2011, el gobierno del presidente Hugo Chávez nacionalizó la mina Las Cristinas, en Bolívar, concedida por el Estado venezolano a Crystallex, pero no se indemnizó a la compañía no obstante un acuerdo alcanzado en un panel de arbitraje internacional.

Oliveros destacó que Pdvsa está muy vulnerable frente a sus numerosos acreedores (entre ellos, los tenedores de bonos, proveedores, empresas contratistas y de servicios y socios de las empresas mixtas), debido a que no tiene flujo de caja para pagar.

Esto se agrava, agregó, con la declinación acelerada de la producción petrolera que cerrará en 1 millón de barriles diarios en 2018 cuando es necesario explotar diariamente entre 1,9 millones y 2,5 millones de barriles para equilibrar las cosas.

Esta situación forzó la decisión del Ejecutivo de aumentar el precio de los combustibles automotores (gasolina y diesel) en el mercado interno, según el economista; sin embargo, no cree que el incremento se iguale con la cotización internacional porque “hay sectores del gobierno interesados en que eso no suceda”.


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