La creación de una comisión de expertos internacionales que investigue, de manera imparcial e independiente, los hechos que desembocaron en la muerte del concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, fue la propuesta que hicieron las academias nacionales a la sociedad civil y al Estado a fin de que se conozca, de manera fehaciente, lo acontecido el pasado 8 de octubre en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Plaza Venezuela.
La petición coincidió con una de las exigencias que hizo el consejo universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, que también solicitó el comienzo de una indagación objetiva e imparcial, con garantía de independencia institucional, en la que se incluya la observación, en todas sus etapas, de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas.
Solicitaron que se presente a las autoridades competentes del Estado, en breve plazo, un informe público, con el resultado de las experticias sobre la muerte del edil que estaba bajo la custodia de funcionarios del Sebin desde que fue detenido, el 5 de octubre, sin orden judicial, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
“El concejal Fernando Albán –como en otros casos precedentes– se encontraba bajo la custodia del Sebin, por lo que las declaraciones de las autoridades, manifestando ante medios de comunicación que se trató de un suicidio, configuran un acto irresponsable, que además agrede la integridad moral, el nombre y la reputación de la víctima y sus familiares”, expresa el comunicado del Palacio de las Academias que del mismo modo que la UCAB solicita que se identifique a los responsables “por acción u omisión” y que se produzca una sanción proporcional y adecuada que permita la reparación a los familiares del concejal fallecido.
Ambas instituciones rechazaron el tratamiento que los órganos de seguridad y las instancias judiciales le brindaron a Albán durante tres días. Repudiaron tanto la detención arbitraria de la que fue objeto como la desaparición forzada, con las cuales se violaron los artículos 44 y 46 de la Constitución y con ello hubo irrespeto al debido proceso y al Estado de Derecho.
“Las circunstancias que rodean el caso de la muerte de Albán se suman a la lista de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de personas detenidas; particularmente, a las garantías del derecho a la defensa, a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza, a ser informado sobre los motivos de su detención y a no ser sometido a torturas, tratos crueles o infamantes”, señala la UCAB.
Las academias y el consejo universitario exigieron el cese de la persecución y el hostigamiento a la disidencia política.