La fiscal general Luisa Ortega Díaz consignó un proyecto de Ley de amnistíaante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional con el fin de absolver a civiles y militares que hayan sido sometidos a la justicia de manera arbitraria por actuar a favor de la restitución de la democracia. La iniciativa tiene el propósito de “materializar el quiebre de la tiranía”.
En un contacto por Skype, Ortega Díaz explicó que el proyecto consta de 19 artículos y el beneficio lo recibirán aquellos ciudadanos imputados por delitos militares como rebelión, instigación, traición a la patria, asalto al centinela y sustracción de efectos militares. Leopoldo López, Miguel Rodríguez Torres y el capital Juan Caguaripano formarán parte del indulto.
“En Venezuela no hay paz ni habrá mientras haya hambre, persecución y escasez. Sepan que con esta ley los militares volverán a integrar la Fuerza ArmadaNacional Bolivariana con el mismo rango y honores porque trabajaron por su país”, aseveró.
La fiscal advirtió que los que hayan sido acusados por corrupción, narcotráfico, violaciones de los derechos humanos y legitimación de capitales quedarán excluidos de la amnistía.
Agregó que el proyecto de ley amparará las actuaciones de gremios y sindicatos que, en el ejercicio de la protesta por reivindicaciones, hayan contribuido a la vigencia de la Constitución.
Delsa Solórzano, presidente de la comisión de la AN, recordó que en 2016 el cuerpo sancionó una ley de amnistía que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. En esta oportunidad el proyecto irá a primera y segunda discusión, y será aprobada una vez que se produzca el cambio de gobierno.
Torturas. La Comisión de Defensa del Parlamento recibió a familiares de militares presos, que denunciaron tratos crueles e inhumanos. La madre del primer teniente Alberto Maita Espinoza relató que funcionarios del DGCIM le han colocado tubos calientes en las piernas y negado el medicamento para la hipertensión.
“Vivimos en dictadura porque no tenemos amparo ni podemos acudir a ninguna institución. Nuestros hijos no son traidores”, aseguró.
Lilia Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana, precisó que hay 152 miembros de la FANB encarcelados, de los cuales 60 fueron detenidos en 2018. Están recluidos en Santa Ana, La Pica y Ramo Verde, sin tener comunicación con familiares ni abogados.
Mencionó el caso del grupo Uope, de Fuerzas de Acciones Especiales, detenido en su totalidad hace 20 días sin tener investigación previa ni expediente con delitos en flagrancia.