Los amparos que admitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra ocho alcaldes de militancia opositora de los estados Miranda y Mérida para que “controlen” las protestas y trancas de calles en sus jurisdicciones fueron considerados como imposibles de cumplir.
Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, reconoció que no tienen manera de controlar a “infiltrados” que podrían alterar la tranquilidad de su municipio para buscar inculparlo.
“No podemos impedir la presencia de infiltrados. En caso de que suceda solo podremos denunciarlo”, dijo en declaraciones para El Nacional Web.
En una tónica similar se mostró David Smolansky, burgomaestre de El Hatillo, y que también resultó implicado en las sentencias del TSJ. “Lo que haremos será fijar posición con firmeza y claridad”, acotó, al tiempo que sentó como precedente la actuación de grupos irregulares el pasado martes en las inmediaciones del CIED, instalaciones de Pdvsa, donde sujetos armados dispararon e hirieron a manifestantes.
Para cuidarse las espaldas ante este tipo de acciones, instaron a sus seguidores a ceñirse a la agenda de protestas que vaya anunciando la Mesa de la Unidad Democrática. “He sido muy claro en que impedirnos el paso a nosotros mismos es impedir que lleguemos a los lugares de las manifestaciones”, señaló Smolanky, que no cerró la posibilidad de que sus vecinos se expresen por cuenta propia “siempre y cuando” sus iniciativas “sean pacíficas y que no afecten a vecinos o comerciantes”.
Muchacho; no obstante, fue más cauto: “No al dibujo libre ni iniciativas aisladas”.
Amenazados de cárcel
Hasta un año y tres de privativa de libertad pudiera ser la pena que le tocaría pagar a los alcaldes que desacaten los amparos de la Sala Constitucional en caso de que así lo determine un tribunal.
Pese a la amenaza de que les coloquen las esposas y los envíen a centros penitenciarios, los opositores insistieron en valerse de la protesta para presionar por la salida de Nicolás Maduro.
“La sentencia busca intimidarnos y que neguemos el derecho a la protesta, cosa que no vamos a hacer porque sería ponernos de espaldas a la Constitución”, aclaró Muchacho.
Añadió que no se puede prohibir la protesta pacífica o que la gente tranque el tránsito vehicular. Hizo hincapié en que dificulta que lo apresen: “El gobierno no se ha atrevido a destituir alcaldes en Caracas porque sería apagar un incendio echándole gasolina”.
Descartó manejar un “plan B” por si llegase a ser destituido, pues consideró que no pueden planificar basándose en escenarios fuera de la ley.
Smolansky, por su parte, aseguró no tenerle miedo a los barrotes: “Desde 2014 he perdido la cuenta de cuántas veces me han preguntado si me van a querer meter preso; si lo hacen, estoy seguro que saldrán muchos hatillanos a defendernos”.
Amparo inconstitucional
Aunque los amparos contra los alcaldes provengan de la Sala Constitucional, el abogado Juan Manuel Raffalli no dudó en tildar las sentencias como “inconstitucionales”.
“Son inconstitucionales porque cercenan el derecho a la protesta. Entre sus puntos pasan por alto que las policías municipales solo pueden conversar con los manifestantes, pues el control de orden público es responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana”, explicó a El Nacional Web.
Criticó que el texto asuma que toda tranca de calle es violenta, indiscriminadamente de si el acto se lleva a cabo pacíficamente.
Sugirió que las alcaldías podrían ayudar a limpiar las vías, remover obstáculos y liberar las vías, pero nunca se puede impedir que los ciudadanos se expresen.
“La medida es imposible de cumplir. Busca que las personas se inhiban y dan un aviso a los alcaldes de que tengan cuidado porque los pueden meter presos”, indicó.