El gobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski anunció este viernes que fue inhabilitado por 15 años.
En las pocas horas desde que el mandatario regional anunció vía Twitter la decisión de la Contraloría General, han circulado rumores sobre las consecuencias inmediatas y a largo plazo que esta medida puede significar para su futuro y el de otros dirigentes políticos.
El organismo tomó esta decisión por supuestas irregularidades durante la gestión de Capriles al frente de la gobernación.
En meses anteriores, se señaló la presunta vinculación del gobernador con la constructora brasileña Odebrecht, que enfrenta un escándalo por las acusaciones de soborno a países de Latinoamérica para obtener contratos.
En ese entonces, advirtió que el gobierno buscaba maneras de suspenderlo de sus funciones pero planteó que “la única manera de que se inhabilite a un funcionario para optar a un cargo de elección es a través de una sentencia condenatoria”. Sin embargo, lo que el gobernador veía como un futuro lejano hace apenas dos meses, hoy se ha visto concretado con la medida emitida por la Contraloría.
Una inhabilitación inconstitucional
El abogado constitucionalista José Vicente Haro explicó que la decisión de la Contraloría es “completamente inconstitucional”, debido a que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General viola lo impuesto por la Constitución en donde se exige respetar los derechos humanos.
Según Haro, la Contraloría alega que se trata de una inhabilitación administrativa. “Sin embargo, en el momento de postularse, como ha sucedido en ocasiones anteriores, es posible que le aparezca –a Capriles- un código de inhabilitación en el sistema del Consejo Nacional Electoral que le imposibilite concretar su puesto como candidato a la presidencia o a la reelección gubernamental”, y aclaró que dicha decisión actuaría como una inhabilitación política.
El experto también expresó que no es la primera vez que este órgano del Poder Ciudadano realiza un acto como este. De hecho, en 2008, a raíz de la prohibición impuesta al ex alcalde de Chacao Leopoldo López , la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) emitió un fallo a favor del ahora preso político y exigió que se revocase la inhabilitación y se reformara o suprimiera el artículo 105 que daba potestad a la Contraloría de tomar estas decisiones.
A pesar de la sentencia de la corte, tanto el CNE y la Contraloría General hicieron caso omiso. Por esto, en septiembre de 2013, el Estado cortaría lazos con la Corte IDH para no recibir más presiones de la organización.
Sigue siendo gobernador
Desde que Capriles anunciara su inhabilitación, rápidamente surgió la duda de lo que sucederá con el cargo que ejerce actualmente el gobernador por el estado Miranda.
Haro afirmó que no existe ningún impedimento para que Capriles termine su mandato como gobernador.
“Esta medidas han sido utilizadas en el pasado para neutralizar a opositores o candidatos con un liderazgo particular que podrían significar un inconveniente para el gobierno”, apuntó.
El abogado reiteró que la medida solo sirve para evitar que el político en cuestión pueda postularse a nuevos cargos.
Una corta lista de opciones
Entre las opciones que Haro expuso que el gobernador puede tomar para contrarrestar la medida de la Contraloría existe el introducir un recurso de reconsideración ante el mismo contralor del estado, cargo que asume actualmente Manuel Enrique Galindo Ballesteros. Sin embargo, desestimó la viabilidad de esta posibilidad.
Debido a los conflictos entre el TSJ y la oposición, el abogado también desechó la probabilidad de que Capriles pueda ingresar un recurso de nulidad o de amparo constitucional ante el máximo tribunal del país.
“La única vía factible parece ser que el gobernador pida una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) y esta expida una medida cautelar a favor del político”, explicó.
Haro añadió que dicha medida podría incidir en la decisión de la Organización de Estados Americanos en la activación o no de la Carta Democrática Interamericana, al tener esta entidad vinculaciones con la organización internacional.
Asimismo, urgió que las acciones a tomar por el gobernador deberían comenzar a llevarse a cabo desde ahora y no cuando se acerque el momento de introducir candidaturas electorales.
Crónica de una inhabilitación
No es la primera vez que la Contraloría expide medidas como estas. Además del caso de Leopoldo López, a quien junto a otros 400 funcionarios más se le prohibió el derecho a postularse a cargos públicos en 2008, otro hecho relevante fue la inhabilitación de la ex diputada María Corina Machado en julio de 2015. “Actúan como los dictadores que son”, expresó en ese entonces la opositora.
Para la misma fecha, la Contraloría General también inhabilitó administrativamente al ex alcalde de San Diego, en el estado Carabobo, Enzo Scarano.