Por sexta vez los ciudadanos no pudieron llegar a la Defensoría del Pueblo, pues fueron reprimidos, en algunos casos, cuando apenas comenzaban a concentrarse en el municipio Libertador, Chacao, Sucre y Baruta, y posteriormente, la represión fue en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de El Rosal, donde los manifestantes aguantaron, de manera estoica, por tres horas.

En ese lugar, además de 10 ballenas, un contingente de la GNB lanzó, desde las 12:00 m, bombas lacrimógenas, agua y perdigones. La arremetida brutal subió cuando en la escena aparecieron el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski; el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y María Corina Machado.

Desde el helicóptero se dirigía la operación y, por ello, la GNB logró desplazar la manifestación con el resultado de la muerte del joven Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años de edad, quien falleció por el impacto de una bomba, de acuerdo con el reporte Salud Chacao, donde el personal médico y paramédico le hicieron resucitación cardiovascular por más de 40 minutos, aunque sin obtener resultados.

Una comisión del Cicpc estuvo en Salud Chacao para comenzar la investigación. “Sobre el asesinato de Pernalete, además del homicida, está el responsable que dio la orden criminal, el general de la GNB, Fabio Zavarce”, señaló Capriles con indignación. El diputado Guevara‏ planteó: “Debe ser apresado el policía que disparó la bomba lacrimógena directamente contra el joven que falleció. Eso no es dispersión, es asesinato”.

Bombas letales. “¡Cobardes! ¡Asesinos!”, gritaron quienes corrían a buscar resguardo, mientras miles eran víctimas de los gases. Los grupos de jóvenes, encargados de tirar las bombas al Guaire, no pudieron contener la avalancha. “Caminen pa’lante; sirvan de relevo”, pidió Guevara, y la idea se cumplió por un momento.

Los ATL (artificio triple lacrimógeno) caían desde el cielo y se convirtieron en una amenaza contra quienes caminaban de espalda a los cuerpos policiales. De nada sirvió que los ciudadanos alzaran los brazos en señal de que estaban desarmados e indefensos.

Hasta el presidente del Parlamento, Julio Borges, recibió su dosis de “gas del bueno”. “Tarek William Saab se ha convertido en el ofensor del pueblo que no respeta la Constitución. El gobierno, el TSJ y el CNE generan la violencia al negarse a acatar la Constitución”, afirmó.

Los manifestantes iban sin armas y con un fin: entregar el acuerdo aprobado ayer por el Parlamento que da un plazo de tres días hábiles a Saab para que tramite la solicitud de “falta grave” a los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, que disolvieron la AN. “El defensor protege al poder y la violación de los derechos humanos”, lamentó Borges, quien analizó la situación del país: “Tenemos un gobierno débil; una Fuerza Armada obligada a defender la Constitución  y un país que despertó, que está luchando por sus derechos y que continuará en esta lucha con un solo destino: el voto del pueblo”.

La diputada Melva Paredes dijo: “El defensor lo que da es vergüenza. Teme por su familia cuando aquí, todos los días, nos matan a familiares la delincuencia o mueren de hambre. ¡Sépalo: no vamos a dejar la calle hasta restituir el orden constitucional!”.

A pesar de la represión,  el ánimo no bajó ni en la dirigencia ni en los manifestantes. Los diputados no temían y en Altamira prestaron hasta un juramento. “En defensa de la democracia seguiremos en las calles”, se comprometió Luis Emilio Rondón (UNT). Para hoy el Legislativo convocó a una sesión en el Parque Miranda, a partir de las 10:00 am, y a la marcha del 1 de Mayo.

Claritza Casanova (legisladora de Aragua) clamó: “No perdamos la fe; vamos a seguir adelante hasta rescatar el país”. La mejor muestra de esa fe estuvo en la presencia de curas, monjas y miembros de todas las religiones en las protestas.

El concejal de PJ, Máximo Sánchez, denunció que el plan de Miraflores es reprimir en las concentraciones para que así nadie tome las autopistas. “No lo lograron; hoy la gente vino, se enfrentó con la PNB y exigió libertad”.

A través de un megáfono, la alcaldesa metropolitana de Caracas, Helen Fernández, planteó una salida: “Van más de 20 días de protestas porque el pueblo se cansó de pasar hambre, de tanto engaño. Van más de 30 fallecidos y más de 1.300 detenidos. Es hora de retomar el Acuerdo de Transición, propuesto por Leopoldo López, y que se convoquen a elecciones generales con un nuevo CNE e instituciones independientes”.

La gente aplaudía su iniciativa. Otros pedían la salida del G-2 cubano, la policía política antillana, que les ha permitido a los Castro mantenerse de manera férrea, porque hay la creencia de que está en Venezuela y de que es responsable de la crudeza de la represión de los últimos días. La “brigada antigases” y el grupo Cruz Verde (de atención médica) recurrían a auxiliar a quienes caían por los gases.              

Ataques y cerco en el oeste. Desde el fin de semana la GNB instaló un campamento en el distribuidor El Ciempiés, a la altura de El Paraíso, por instrucciones de Miraflores. El motivo: el alzamiento popular del oeste. La operación incluye instalación de equipos antimotines en las entradas a La India, La Paz y El Paraíso. Sin embargo, el radio de acción se extiende a San Martín y Catia, donde ha habido protestas e intentos de saqueos.

Las personas que querían salir de El Paraíso tuvieron que buscar otras vías, pues los cuerpos de seguridad lo impidieron con sus equipos y actitud amenazante. En las avenidas Victoria y San Pedro, los vecinos repudiaron que la PNB atacara el colegio San Pedro, sin importarle los niños, justo cuando llegaban quienes venían de Los Chaguaramos y pretendían ir a la Defensoría.

“Nos atacaron. Maduro, ¿ordenaste que nos dispararan? Tarek, ¿ordenaste que nos dispararan? Marchamos para pedirle al defensor que actúe contra los magistrados que dieron un golpe contra la Asamblea y porque llevo más de un mes sin ver a mi esposo”, increpó Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, frente a la iglesia San Pedro, donde estaban rezando por la paz de Venezuela en momentos en que eran reprimidos.

La dirigencia de AD se plantó en la avenida Libertador, a la espera de un emisario de la Defensoría, que nunca llegó. “El narcogobierno no solo roba futuro a nuestros jóvenes, sino que roba sus vidas. Muertes de jóvenes como Juan Pernalete duelen a toda Venezuela”, dijo el secretario general adeco, Henry Ramos Allup.

La actuación de los cuerpos de seguridad fue con violencia y hasta delincuencial porque la PNB no detenía a las personas, sino que se llevaban sus pertenencias, como pasó en Las Mercedes a las 4:20 pm, según registraron medios electrónicos. Un joven fue pateado y cargaron con su bolso. “Liquidación total”, decía el letrero del local comercial donde agredieron y robaron al joven.  


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