La orden: ¡Destruirlas!

Lo que hoy padece Venezuela cual política de Estado, es expresión concreta de la militarización del país.La universidad, o las universidades, y en particular el conjunto de ellas de condición autónoma, entendidas como ámbito natural para la pluralidad y el libre ejercicio de la libertad, espacio ideal para el encuentro enriquecedor de las diversas concepciones artísticas, culturales, científicas y políticas, e instancias dedicadas a la búsqueda sistemática de la verdad y a la creación de conocimientos; precisamente por serlo, son percibidas desde la óptica cuartelera del régimen y en particular del elemental sucesor presidencial, como ?el enemigo?, al cual en consecuencia hay que agredir, descalificar y destruir.Urgido por el ansia que lo agobia de acabar con esas instituciones de cuyo seno emergen seres libres, pensantes, críticos, y con apego a altos valores éticos, el gobierno además de sus campañas de descrédito y de lanzar contra la comunidad estudiantil toda clase de cuerpos represivos entrenados para la barbarie, le suma a su arsenal el uso instrumental jurídico-económico-policial, de los obedientes poderes públicos colocados bajo un estricto control oficial.Maduro y sus adictos han tratado de apoderarse de ellas, y al fracasar en sus intentos incluso electorales, optan por asaltarlas; ante la reiteración de los fracasos diseñaron una estrategia de tres componentes: desconocimiento de la legalidad, asfixia presupuestaria y violencia selectiva, por separado o de conjunto. Vista la imposibilidad de vencerlas y menos aún de ponerlas de rodillas, insisten en hostigarlas.Un ejemplo de medidas abiertamente antiuniversitarias y negadoras de la autonomía institucional, lo constituye la decisión tomada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, dictando una medida cautelar de suspensión del proceso electoral para la escogencia de los decanos y miembros del Consejo de Apelaciones de la UCV para el periodo 2011-2014, que debía efectuarse en mayo de 2011. Un hecho parecido lo es en su esencia y propósitos, el acuerdo tomado el 3 de este mes por la Asamblea Nacional contra las universidades autónomas, el IVIC y el Jardín Botánico, en rechazo a su legítimo derecho a la protesta para exigir justas reivindicaciones, y con posible demanda ante el TSJ. Han sido firmes las denuncias y el enfrentamiento al exabrupto que pretende despojar a la UCV de la potestad constitucional de elegir sus autoridades; y justificado aclarar que el derecho al voto en las universidades es académico y no político.Hay antecedentes deplorables que vuelven a la memoria cual máculas en el devenir de nuestra vida universitaria, así duele recordar al Dr. Rafael Caldera, profesor que siendo presidente de la República metió el Ejército en la Ciudad Universitaria, legándonos el grotesco e imborrable recuerdo de los tanques rodeando la torre del reloj; sí, el mismo ilustre académico que, reunido con los militares, contemplaba la eventual aplicación del criminal Plan Ávila. Resultando como más coherente la conducta de los soldados, al ser fieles a su escasa y casi nula formación.Ante la brutalidad que nos acosa y la atmósfera asfixiante de primitivismo,  cuando más esencial nos es el cultivo y el desarrollo de la educación, más se afincan los uniformados en agredir a las universidades; tal vez pretendiendo también desalojar a quienes actualmente cursan en ellas, a fin de tener más espacios donde parar firmes a jóvenes para su adoctrinamiento castrense. Reviste urgencia la necesidad de estructurar con claridad y la debida profundidad, un proyecto conducente a resoluciones y acciones de trascendencia social, decididamente solidarias con nuestras universidades.