La justicia no espera

Invitado por María Corina Machado a un foro sobre el Estado de Derecho, tuve la oportunidad de compartir con ella y los profesores Antonio Canova y Tomás Arias algunas reflexiones sobre la urgencia de transformar el sistema de justicia en Venezuela, tarea pendiente, siempre aplazada en todos los gobiernos, ante la conveniencia de tener asegurado el favor del árbitro en situaciones comprometidas para quienes detentan el poder.Sin justicia no hay convivencia pacífica; sin justicia no hay seguridad; sin justicia no hay libertad; sin justicia, como decía san Agustín, los reinos se convierten en grandes latrocinios.Y para que haya justicia y, según la definición de Ulpiano, se dé a cada quien lo que le corresponde, o cada quien tenga la real expectativa de ver reconocidos sus derechos y la sociedad constate que sus legítimos intereses son respetados, es necesario, sencillamente, que podamos contar con un Poder Judicial verdaderamente digno, independiente, autónomo, respetable, reconocido y con la máxima credibilidad por parte de cualquier ciudadano.El Estado de Derecho y la justicia no son entelequias, no son conceptos etéreos y vagos, propios del lenguaje de doctos juristas en enrevesados escritos forenses o lugares comunes de sentencias que un ciudadano de a pie no puede entender.La expresión Estado de Derecho equivale, en términos sencillos, a un Estado en el cual impera la ley y no la voluntad de un hombre, y exige, fundamentalmente, el respeto absoluto a los derechos ciudadanos y la imprescindible separación de poderes que garantice un sistema de contrapesos, sin que ello se oponga a la colaboración entre ellos y limite a quien pretende imponer, ?como sea?, su voluntad.Entre nosotros, en verdad, no hemos internalizado el valor de la justicia. Venezuela no aprendió esa lección por estar a merced de caudillos y en guerra a partir de la instauración de la República, bajo dictaduras que simplemente utilizaron el sistema de justicia como artículo de lujo y no de primera necesidad y, en la experiencia democrática, de indiscutibles logros en muchos campos, no logró su consolidación por el interés de los partidos en mantener sus cuotas de participación en el Poder Judicial, a merced, por esto, de exigencias incompatibles con la verdadera justicia.Por supuesto, con la hegemonía del partido único, el sistema de justicia se ha convertido en soporte del gobierno, garante de sus objetivos políticos y factor fundamental para legitimar el nuevo orden que se ha pretendido imponer. Por esta razón, la ?revolución? no pierde un caso en los tribunales, las influencias están a la orden del día, los disidentes del régimen son perseguidos en lugar de serlo los delincuentes y todo aquel que represente algún peligro para quien detente el poder se hace acreedor a las más severas sanciones, recurriéndose así al remedio amargo penal que pretende, con el castigo, hacer valer su voluntad omnímoda.En el trance de un cambio de rumbo en el país, ante el agotamiento del modelo que se ha pretendido establecer, es necesario un pacto entre los actores para sacar la política partidista del sistema judicial y, sencillamente, hacer posible, mediante el sistema perfectible de verdaderos concursos, administrados por árbitros imparciales, que se proceda a escoger a los nuevos magistrados y a la totalidad de los jueces.El reto inmediato no es otro que dar el ejemplo con la designación de los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales, al margen de toda componenda y solo atendiendo a su hoja de servicios, a su probidad, a su trayectoria profesional y a sus conocimientos, deben quedar expuestos al escrutinio de la ciudadanía en todos los pasos del proceso de postulación y selección, no pudiendo admitirse que una simple declaración notariada de renuncia a un partido pretenda garantizar la no escogencia de activistas políticos dispuestos a torcer el derecho para darle la espalda a la justicia. [email protected]