Un informe difundido este miércoles por la Superintencencia de Pensiones de Chile mostró que un total de 484.819 inmigrantes cotizan regularmente en el sistema privado de pensiones de ese país, encabezados por los ciudadanos de nacionalidad venezolana, que suman 143.283, equivalentes al 29,6 %.
La cifra de cotizantes extranjeros, correspondiente al cierre del primer trimestre de este año, supone un aumento del 20 % respecto de septiembre del año pasado, cuando se realizó la primera medición de inmigrantes en el sistema de pensiones.
El sistema chileno se basa en cuentas de capitalización individual, que están a cargo de las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Por ley, en Chile un 10 % de los sueldos de los trabajadores van a dichas instituciones financieraz, que los rentabilizan con inversiones en mercados locales y del exterior.
En el listado de cotizantes extranjeros, después de los venezolanos están los peruanos, con un total de 96.292, equivalentes al 19,9 %, seguidos de los haitianos, que suman 88.983 (18,3 %). Los colombianos (59.632), bolivianos (34.085), ecuatorianos (12.437) y argentinos (11.269) figuran en los lugares siguientes, mientras otros 38.858 provienen de otros países.
Del total de cotizantes extranjeros, un 58,1 % (281.714) son trabajadores hombres, y un 41,9 % (203.105) son mujeres. Los colombianos y bolivianos son los únicos casos en que las mujeres son más numerosas que los hombres, con un 51,7 % (30.801) frente a un 48,3 % (28.831) de varones entre los colombianos y un 51 % (17.399) de mujeres y un 49 % (16.686) entre los bolivianos.
En total, el sistema AFP está compuesto por 5.623.638 cotizantes, de los que un 42,4 % son mujeres y un 57,6 % hombres, de los cuales un 8,6 % son extranjeros.
De acuerdo con cifras oficiales, a diciembre del 2018 los migrantes en Chile totalizaban 1.251.225, equivalentes a un 6,6 % de la población total.
El sistema privado ha sido objeto de críticas en Chile, a causa de las bajas pensiones que pagan las AFP a quienes se jubilan, que según datos oficiales llegaban el pasado marzo a 259.000 pesos promedio (unos 380 dólares), que en la mayoría de los casos son menos del 50 % del salario que el trabajador recibía cuando estaba laboralmente activo.
Por esas y otras razones (comisiones excesivas que cobran las AFP), el gobierno elaboró un proyecto de ley que prevé el aumento del 10 al 14 % de la cotización obligatoria, con una discordia aún no resuelta sobre quién administrará el 4 % adicional, que deberá ser pagado por los empleadores y no por los trabajadores.
La idea del gobierno es que sea un ente estatal y que una parte de esa cotización adicional no se acumule en las cuentas individuales de los afiliados al sistema, sino que fortalezcan el pilar solidario, consistente en fondos que complementan las pensiones más bajas que pagan las AFP, inferiores, en muchos casos, a 100.000 pesos mensuales (unos 147 dólares).
Las Administradoras de Fondos de Pensiones han planteado que los afiliados puedan optar por destinar el 4 % adicional a sus cuentas individuales, a fin de engrosarlas y mejorar sus futuras pensiones. Hasta ahora el Ejecutivo de Sebastián Piñera ha respondido de forma negativa.