La primera propuesta presupuestaria del presidente de EE UU, Donald Trump, incluye un sustancial recorte a la ayuda exterior a Latinoamérica, con reducciones a la asistencia proporcionada a todos los países del continente.
El desglose país por país del presupuesto para el año fiscal 2018 muestra recortes en todas las naciones de la región, y elimina las partidas dedicadas a Cuba, que en el año fiscal 2016 recibió 20 millones de dólares; y a Venezuela, que ese año obtuvo 6,5 millones de dólares y esta vez no tiene fondos específicos.
El presupuesto -que se presentó ayer, debe ser aprobado por el Congreso y podría sufrir cambios- concede 37.600 millones de dólares al Departamento de Estado, de los cuales 1.093 millones van a parar a las operaciones en el continente americano y el Caribe, un descenso de 614 millones respecto al año fiscal 2016.
“Hay una reducción, pero aun así se está dando prioridad a los programas centrados en complicar la actividad de las organizaciones criminales trasnacionales, fortalecer la seguridad fronteriza y combatir la corrupción”, dijo el director de la oficina de ayuda exterior del Departamento de Estado, Hari Sastry, en una conferencia de prensa telefónica.
No obstante, a los fondos para cada país deben sumarse las cantidades dedicadas a los programas de seguridad, democracia, lucha contra el narcotráfico u inmigración, que tienen cuentas conjuntas para todo el continente y reparten fondos según se juzgue necesario.
De salir adelante este presupuesto, México recibiría 87,7 millones de dólares, un recorte del 45,3 % con respecto al año fiscal 2016, cuando obtuvo 160,1 millones (72,4 millones más).
En el caso de Nicaragua, el recorte es fortísimo: El país recibiría 200.000 dólares frente a los 10 millones del año fiscal 2016.
El recorte a Centroamérica es también sustancial, y reduce la ayuda al desarrollo y al fortalecimiento institucional que había potenciado el anterior gobierno de Barack Obama.
Guatemala obtendría 80,7 millones de dólares, frente a los 131,2 millones que recibió en el año fiscal 2016; Honduras se quedaría con 67,8 millones (frente a los 98,2 de 2016), y El Salvador con 46,3 millones (frente a los 67,9 anteriores). Nicaragua recibiría 200.000 dólares (frente a los 10 millones del año fiscal 2016), Costa Rica obtendría 400.000 dólares (frente a los 1,8 millones del año fiscal 2016), Panamá recibiría 1,2 millones (frente a los 3,3 millones anteriores). Colombia, por su parte, recibiría 251,4 millones de dólares, una cantidad no demasiado inferior a los 299,4 millones que obtuvo en el año fiscal 2016 pero sí notablemente menor a los fondos aprobados por el Congreso para el periodo 2017, un total de 391 millones de dólares contemplados en el plan “Paz Colombia” para el posconflicto.
Sin embargo, es posible que haya más fondos para Colombia en las partidas dedicadas a operaciones regionales en todo el continente (300 millones de dólares), temas de narcotráfico y seguridad en todo el mundo (167 millones), o ayuda humanitaria y promoción de la democracia a nivel global (2.679 millones de dólares).
A Perú llegarían 49,6 millones de dólares (frente a los 74,9 del año fiscal 2016); mientras que Chile recibiría 500.000 dólares (frente a los 670.000 dólares anteriores); Argentina tendría 500.000 dólares, Uruguay obtendría 400.000, la misma cantidad que Paraguay; y Brasil recibiría 815.000 dólares (frente a los 12,8 millones de 2016).
La propuesta también elimina los fondos específicos para Ecuador, que en 2016 recibió 2 millones de dólares; y concede 10,5 millones de dólares a la República Dominicana (frente a los 21,6 de 2016) y 157,4 millones de dólares a Haití (frente a los 190,7 millones de 2016).
El presupuesto incluye además 587 millones de dólares para luchar contra las organizaciones criminales trasnacionales a nivel global, 189 millones de dólares menos que en el año fiscal 2016.
Sastry, el citado funcionario estadounidense, prometió además que Estados Unidos seguirá “haciendo frente a las causas de raíz” que generan la emigración en el triángulo norte de Centroamérica, como la pobreza o la corrupción, a pesar de los recortes.
La propuesta de presupuesto del presidente de EE UU, Donald Trump, que incluye la reducción en un 98 % de la ayuda a Nicaragua, refleja el estado de las relaciones entre ambos países, opinó el excanciller nicaragüense y analista Francisco Aguirre.
A juicio del excanciller nicaragüense, el impacto de dicha propuesta para Nicaragua no está en lo económico, puesto que las cantidades son pequeñas para la economía local, sino en el campo político. “No debe sorprendernos la señal que la Casa Blanca nos está enviando con esta propuesta de programa para Nicaragua, nuestras relaciones con Estados Unidos son correctas pero no cordiales, por el retroceso de la gobernabilidad política que Nicaragua ha experimentado desde 2007 y que se aceleró en 2016. El nivel de ayuda propuesto refleja esa realidad”, dijo a Efe Aguirre.
Antes de la propuesta presupuestaria de Trump, Nicaragua ya estaba a la espera de que el Senado y el Congreso de Estados Unidos voten la “Nica Act”, una ley que impediría desembolsos internacionales al gobierno del reelegido Daniel Ortega, quien ya ha reconocido el serio impacto que esto significaría para el país centroamericano.
El excanciller recalcó que los recortes presupuestarios propuestos por el gobernante estadounidense abarcan “al mundo entero” y confirman “que el señor Trump cree más en el ‘poder duro’, o la proyección del poder militante, que en el ‘poder blando’, que consistiría en ayuda bilateral”.
La propuesta presupuestaria, que fue presentada este martes, debe ser aprobada por el Congreso y puede sufrir cambios, concede 37.600 millones de dólares al Departamento de Estado, de los cuales 1.093 millones van a parar a las operaciones en el continente americano y el Caribe, un descenso de 614 millones respecto al año fiscal 2016.
Aguirre fue canciller de Nicaragua durante la Administración de Arnoldo Alemán (1997-2002). En ese mismo periodo fue embajador de Nicaragua ante Estados Unidos y Canadá, cuando logró la aprobación de la Ley Nacara, que dio amnistía a unos 55.000 nicaragüenses ilegales establecidos en el país norteamericano.