El ex presidente de Ecuador Rafael Correa, fue llamado este miércoles a juicio por el delito de secuestro de un político opositor ecuatoriano ocurrido en Colombia en agosto de 2012.
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia albergó la última sesión de la audiencia preparatoria de juicio contra cuatro procesados en el caso, que habían sido acusados por la Fiscalía General de los delitos de asociación ilícita y plagio de Fernando Balda, ex legislador opositor a Correa brevemente secuestrado en la capital colombiana en agosto de 2012.
«Realmente no es una sorpresa. Esperábamos algo así», dijo a los medios el abogado de Correa, Caupolican Ochoa, al terminar la audiencia.
Luego de leer los elementos de convicción en la causa, al menos una veintena para Correa y 25 para Pablo Romero, ex titular de la Inteligencia ecuatoriana, la magistrada Daniella Camacho ordenó un receso de media hora antes de reanudar la sesión y anunciar su fallo.
En la fase preparatoria de juicio en septiembre, la Fiscalía General había presentado una acusación contra el ex mandatario, el ex secretario nacional de Inteligencia Romero y los ex agentes de los servicios secretos Diana Falcón y Raúl Chicaiza.
Los dos últimos se acogieron a la figura de procedimiento abreviado y reconocieron ser autores materiales de los hechos y colaborar con la justicia a cambio de una reducción de la pena.
Ambos ex agentes aseguraron que las órdenes les llegaban directamente del ex presidente a través de Romero y sus testimonios figuran entre los 23 elementos principales de convicción presentados por la Fiscalía contra Correa, que rechaza las acusaciones.
Correa y Romero se encuentran en el extranjero, el primero en Bélgica -donde reside desde julio de 2017- y el segundo en España.
El juicio contra Correa y Romero, que han quedado exonerados del delito de asociación ilícita como pedía la Fiscalía y la acusación particular, no podrá iniciarse hasta que retornen al país o sean capturados y extraditados.
El ex mandatario, sobre el que pesa una petición ecuatoriana de arresto a Interpol por incumplimiento de medidas cautelares, ha denunciado ser objeto de una persecución política y acusa al poder judicial de su país de falta de independencia.
La magistrada solicitó a Interpol la difusión roja contra Correa con fines de extradición por su no comparecencia ante el tribunal y el incumplimiento de una medida cautelar.
De momento, el organismo internacional no ha informado oficialmente de su respuesta sobre dicha solicitud.