Los servicios consulares de España en Venezuela están saturados, debido a que reciben mensualmente a una media de 5.000 españoles residentes en demanda de ayuda por la crisis, lo que ha llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores a solicitar autorización para comprar un nuevo edificio.

El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, explicó  en el Parlamento que el consulado general de Caracas y los 12 cónsules honorarios están saturados por la «avalancha» de solicitudes de los 170.000 españoles que viven en el país sudamericano.

Indicó en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, se están emitiendo 25.000 pasaportes anuales y atendiendo a las 5.000 personas que cada mes acuden al consulado general.

A ello se suma la tramitación el año pasado de las 310.000 ayudas de carácter asistencial para proteger a los españoles en el exterior, un programa para el que este año se cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros (cerca de 15 millones de dólares al cambio actual).

Este volumen de «carga de trabajo» ha llevado a Exteriores a pedir autorización al Ministerio de Hacienda para comprar un nuevo edificio, puesto que los servicios consulares actuales «no están dimensionados para atender» esa «elevadísima» demanda.

«Tenemos los recursos que tenemos y con ellos tratamos de hacer frente a las situaciones de necesidad», explicó Borrell, que invitó a los senadores a elevar la asignación para su departamento en los Presupuestos Generales del Estado.

El ministro respondió así al senador del partido regionalista Coalición Canaria, Pablo Rodríguez Cejas, quien se interesó por la situación de los españoles que emigraron hace años a Venezuela y ahora sufren la crisis de ese país.

Sobre los problemas de los pensionistas venezolanos que viven en España y que tienen sus jubilaciones contributivas bloqueadas, Borrell indicó que el ggobierno español no puede sustituir al venezolano y que lo único que puede hacer es presionarle para que haga frente sus obligaciones. «No podemos hacer más de lo que estamos haciendo», argumentó.

También admitió problemas con el canje de las licencias de conducir, ya que la directiva comunitaria no admite el formato en pdf que expide Venezuela y, por tanto, España no puede canjearlos «alegremente».


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