Un joven murió y dos de sus parientes resultaron heridos por disparos de la Policía de Nicaragua, que ingresó a la vivienda de una familia sin orden judicial, denunció una fuente del grupo opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, aunque la institución afirma que se trató de una acción en «legítima defensa».

Según sus familiares, Bryan López, de 22 años, falleció madrugada de este miércoles al recibir varios disparos de fusil AK-47, ejecutados por un grupo de al menos nueve policías que entraron a su vivienda en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua.

Kener López y Javier Cortez, primo y tío de la víctima, respectivamente, se encuentran en estado grave en el Hospital de León, indicaron las fuentes.

Según los familiares, los agentes de la Policía de Nicaragua ingresaron a la vivienda sin tener una orden judicial, con el objetivo de capturar al joven, quien había participado en las protestas contra el presidente Daniel Ortega en los últimos 15 meses.

La madre del muchacho, Marina López, confirmó que su hijo fue alcanzado por los disparos al intentar huir de los policías; y sus familiares resultaron heridos cuando salían de sus cuartos al percatarse de la situación. «Fue una masacre», subrayó.

La Policía de Nicaragua emitió una nota de prensa en la que identificó al joven muerto y a los heridos como autores de delitos de peligrosidad, que se armaron con machetes y se lanzaron contra los integrantes de la patrulla, hasta lesionar a uno de los agentes.

«Ante el inminente peligro de sus vidas, en legítima defensa, haciendo uso de su arma de reglamento, un miembro de la patrulla policial respondió a la agresión», explicó la Policía, que no identificó al autor del disparo y sostuvo que sí tenían orden judicial.

«Mejor se lo hubieran llevado preso, pero no me lo hubieran matado», dijo la madre de la víctima, quien insistió en que le dispararon por no estar de acuerdo con las cosas que hace el Gobierno.

Entre abril y julio del año pasado la oposición denunció varias acciones policiales de las mismas características, en diferentes ciudades de Nicaragua, sobre las que hasta ahora el Gobierno no se pronuncia.

Esta misma mañana diferentes grupos de oposición informaron de redadas policiales contra personas que han expresado su descontento contra el Gobierno de Ortega en ciudades del Pacífico y norte de Nicaragua.

Los arrestos, que los opositores califican de «secuestros», se han incrementado conforme se acerca el aniversario 40 de la revolución sandinista, el 19 de julio, que tiene en Ortega su centro de atención.

En marzo pasado el Gobierno se comprometió a no perseguir a las personas que se expresaran contra Ortega, pero, según la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, hasta ahora no ha cumplido.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el Gobierno ha cometido crímenes «de lesa humanidad» en el marco de una crisis que comenzó en abril de 2018, con el estallido social contra Ortega.

De acuerdo con la CIDH, el conflicto ha dejado 326 muertos. Organismos locales elevan la cifra a 594, pero el Gobierno reconoce 200.

Hasta ahora Ortega, quien lleva 12 años en el poder, se niega a un adelanto de elecciones como solución a la crisis. 


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