Un juzgado de Honduras dictó prisión preventiva y auto de formal procesamiento contra dos ciudadanos nacionales vinculados al caso de la avioneta con bandera venezolana que fue hallada el lunes en el oriente y en la que se transportó cerca de media tonelada de cocaína, informó este sábado una fuente judicial.

La decisión del juzgado que instruye la causa fue tomada este viernes en una audiencia contra los acusados por el delito de «tráfico ilícito de drogas», indicó el Ministerio Público hondureño.

Los acusados son Carlos Ramiro Chirinos y Selvin Efraín Henríquez, a quienes se les decomisó al menos 457 kilos de cocaína que eran transportados en una avioneta que fue hallada incinerada el lunes en el sector de La Venta de Gualaco, departamento oriental de Olancho.

La aeronave implicada, con matricula venezolana, se estrelló el domingo pasado y la mayoría de la droga, que no se quemó, fue recogida por varias personas, incluidos los dos detenidos.

Las autoridades hondureñas se incautaron el jueves de otros 500 kilos de cocaína ocultos en un camión detenido el lunes como parte de la operación de búsqueda de la avioneta accidentada.

El juzgado hondureño ordenó que los acusados sean trasladados a una cárcel de Olancho, según el Ministerio Público y el poder Judicial.

Las autoridades hondureñas también decomisaron el martes 1.300 kilos de cocaína líquida, valorados en unos 25,3 millones de dólares, procedente de Maracaibo, Venezuela, en un buque de ese país.

La cocaína llegó oculta en unos 40 barriles de grasa industrial que venían en un contenedor de un barco que atracó en Puerto Cortés, en el Caribe hondureño, informó a Efe el portavoz de la Policía hondureña.

El territorio hondureño es utilizado por narcotraficantes suramericanos que envían la droga a Estados Unidos por vía aérea y marítima.

No obstante, el gobierno hondureño puso en marcha en 2014 un «escudo» aéreo, marítimo y terrestre contra el tráfico de drogas en el Caribe, que ha permitido un aumento en las incautaciones de drogas.

El escudo aéreo fue impuesto por el país centroamericano de manera unilateral, mientras que en el marítimo cuenta con el apoyo de EE UU a través de un guardacostas en aguas internacionales colindantes con las de Honduras en el Caribe. 


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