Un total de 28 ex presidentes alzaron su voz para alertar a la opinión pública internacional sobre la ?deriva antidemocrática? que se vive en Venezuela, en medio de una grave crisis social y humanitaria, susceptible de comprometer la paz y estabilidad de sus instituciones, dice el comunicado emitido por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, titulado: Declaración de los ex jefes de Estado y de Gobierno sobre el Desconocimiento Progresivo de la Soberanía Popular en Venezuela.Ex mandatarios de 13 países fijaron posición sobre las irregularidades perpetradas por el gobierno a la democracia y la constitucionalidad de Venezuela en los últimos meses. ?Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los distintos gobiernos y a las instituciones multilaterales concernidas, con el fin de que cooperen para que cesen las graves alteraciones que sufre el orden democrático y constitucional en Venezuela?, dijo el grupo.Como parte de sus consideraciones, los ex presidentes instaron a la Organización de los Estados Americanos, sobre todo al secretario general, Luis Almagro, a tomar con ?carácter de urgencia las iniciativas que juzgue pertinentes dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana?, con lo que estarían dando un apoyo a su aplicación.Los representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y España destacaron en su moción que la Carta Democrática de la OEA establece en su artículo 3 la separación e independencia de los Poderes Públicos como uno de los elementos esenciales de la democracia.En el comunicado, los representantes hicieron referencia a una estrategia de la Unión Parlamentaria Mundial que nombra la importancia de la función de los legisladores para el buen desarrollo y establecimiento de la democracia.?A pesar del reconocimiento inmediato que de la derrota política de sus partidarios hace el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, tanto él como quienes controlan a cabalidad el resto de los Poderes Públicos ?Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Ministerio Público, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo? han impedido el normal funcionamiento del Parlamento recién instalado, enervando sus tareas constitucionales de control, legislación y deliberación?, denuncia el comunicado.


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