Los países de América acuden esta semana a una reunión mundial sobre drogas en la ONU con la esperanza de fijar el fin a una tan persistente lucha contra el narcotráfico, de la que son el escenario internacional más cruento. La Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS, en inglés) sobre drogas, que comienza mañana en Nueva York, fue impulsada por varios países latinoamericanos, especialmente por México, Colombia y Guatemala, quizás los que más han sufrido los desatinos de la guerra contra las drogas. Y lo hicieron aprovechando, entre otras circunstancias, la nueva visión que sobre este problema ha exhibido Barack Obama, el presidente de EE UU, país que ha liderado durante décadas la lucha sin cuartel contra el narcotráfico en el continente americano. Obama ha instado al Congreso estadounidense a acabar con las severas penas por delitos relacionados con las drogas, y durante su Administración varios estados del país han legalizado, o tienen en ciernes hacerlo, el consumo de marihuana. Durante los últimos años que ese consumo no ha disminuido y que aumentaba el número de muertes relacionadas al hecho de que fuera ilegal y, por tanto, no sometido a control sanitario o de calidad alguno, sobre todo en el caso de la heroína y las sobredosis de esa droga. Uno de los principales impulsores de esta reunión y de que signifique un cambio en la actual estrategia contra el narcotráfico ha sido el presidente de Colombia, país del que procede 95% de la cocaína que ingresa a EE.UU. De acuerdo con cifras de la ONU, pese a los enormes recursos dedicados a la represión de la producción, el tráfico y el consumo de drogas en todo el mundo, este mercado ilegal anualmente miles de millones de dólares. La mayoría de altos funcionarios de gobiernos latinoamericanos, incluso muchos de sus presidentes, se declaran off the record convencidos del fracaso de la lucha contra el narcotráfico y partidarios de la legalización, pero subrayan que nunca lo admitirían pública y oficialmente. Venezuela   y Puerto Rico, puentes para el tránsito de drogas hacia EE.UU., han flexibilizado sus leyes hacia una despenalización del consumo y las condenas a pequeños traficantes.


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