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11 países de América acordaron aceptar documentos vencidos a venezolanos

Demandan al gobierno de Nicolás Maduro aceptar la apertura de la asistencia humanitaria para descomprimir lo que consideran una crítica situación 

11 países de América acordaron aceptar documentos vencidos a venezolanos
Por Manuel Tovar | mtovar@el-nacional.com

Once países de América Latina demandaron al gobierno de Nicolás Maduro que acepte ayuda humanitaria para solucionar la crisis que originó un éxodo masivo de venezolanos.

La “Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región” fue firmada en la capital ecuatoriana por los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Bolivia y República Dominicana no suscribieron el documento. La última nación argumentó que era un país observador en el encuentro al que Venezuela decidió no asistir.

La cita buscaba intercambiar información y lograr una respuesta coordinada al masivo flujo migratorio de ciudadanos venezolanos. En el encuentro los países reiteraron su preocupación por el deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva, por lo que llaman a aceptar la apertura de asistencia humanitaria en la que se convenga la cooperación de gobiernos y organismos internacionales para descomprimir lo que consideran una crítica situación.

Entre los puntos más destacados que acordaron los gobiernos de la región figuran la aceptación de documentos de viaje vencidos, cédula de identidad de los venezolanos para fines migratorios y la exhortación al gobierno de Nicolás Maduro a tomar de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones.

Las 11 naciones señalaron que la carencia de los documentos genera “limitaciones de circulación y movilidad; dificultad en los procedimientos migratorios; impedimentos a la circulación extrarregional; afectaciones a la inserción social y económica en los países de acogida; y, por el contrario, ha incentivado la migración irregular”.

Ratificaron su compromiso –de acuerdo con sus recursos públicos, la economía, la normativa interna y las posibilidades de los países de acogida– de proveer a los migrantes venezolanos, el acceso a los servicios de salud y educación públicas, así como las oportunidades en el mercado laboral, y se garantiza el acceso a los sistemas de justicia y a luchar contra la discriminación, la intolerancia y la xenofobia. Además de la cooperación para proveer mecanismos de permanencia regular, el combate a la trata de personas, al tráfico ilícito de migrantes; la lucha contra la violencia sexual y de género, y brindar protección a niños y adolescentes.

Programa regional. Señalaron que con el apoyo de Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional para las Migraciones, establecerán un programa regional con el que se obtendrá la información de los venezolanos para lograr una migración ordenada y segura.

De igual manera, coordinarán esfuerzos a través de la Organización de Estados Americanos y otros organismos para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

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