Una protesta prevista para este domingo en Nicaragua contra el presidente Daniel Ortega fue suspendida debido a que Managua se encuentra «en estado de sitio», por una presencia policial sin precedentes, informó la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la oposición.

«Estamos en estado de sitio, la ciudad está militarizada, llamamos a la población a que ya no hay marcha, pero que no se desmovilice, que hasta donde lleguen realicen piquetes, hagan videos y los suban a las redes», dijo a periodistas.el miembro de la Alianza Jaime Incer

Desde las primeras horas de la mañana la presencia policial en las calles de Managua fue notoria, especialmente en la zona por donde se había anunciado la marcha antigubernamental, en el sureste de la capital nicaragüense. Los convoyes de hasta 10 vehículos cargados de policías se desplazaron por las calles de Managua con las luces de advertencia encendidas, en señal de que cualquier persona en la calle podría ser capturada.

A los agentes, ataviados con fusiles de guerra AK-47, de fabricación rusa, se sumaron más tarde grupos antimotines, y funcionarios de operaciones especiales, entrenados para enfrentamientos armados contra criminales internacionales.

El extenso despliegue policial incluyó automóviles todoterrenos y cárceles móviles, algunos de los cuales se estacionaron en intersecciones y puntos estratégicos alrededor de la zona prevista para la marcha. «El despliegue de la policía es cuatro veces mayor que en otras ocasiones», afirmó lIvania Álvareza,  integrante de la alianza opositora.

La Policía Nacional ya había anunciado su rechazo a la marcha, como lo hace con toda protesta contra Ortega, una decisión tomada en septiembre pasado, pese a las críticas por violar la Constitución.

La opositora llamó a protestar con base en que la Constitución garantiza la libertad de expresión, reunión y movilización, y en la palabra al gobierno de Ortega, quien en marzo pasado se comprometió a permitir las manifestaciones y a respetar la carta magna.

La marcha tenía como objetivo exigir la liberación de los 809 presos políticos que se cree que hay en las cárceles de Nicaragua, y para evitar que corran la misma suerte que el manifestante Eddy Montes Praslín, de 57 años de edad, que falleció en prisión la semana pasada, al recibir un disparo de un custodio en circunstancias no aclaradas.

Desde el estallido social del 18 de abril de 2018, cerca de 325 personas han muerto en el marco de la crisis de Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organismos humanitarios locales cuentan hasta 594 víctimas, aunque el gobierno reconoce 199.

 

 

 

 


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