Si la situación que atraviesa Venezuela no se resuelve este año, el número de migrantes y refugiados en el exterior, que en la actualidad ronda los 4 millones de personas, podría ascender a 8,2 millones para finales de 2020, advierte en un informe el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos para abordar el problema en la región.

En el documento de 96 páginas, el equipo precisó que las proyecciones acerca de la cantidad de venezolanos radicados en el exterior para finales de 2019 son de alrededor de 5,7 millones de migrantes, puesto que estas personas quieren vivir en lugares que permitan el debido acceso a alimentos y medicamentos, tengan una buena economía, les brinden seguridad personal, les garanticen plenas libertades al ciudadano y eviten persecuciones generalizadas.

El grupo, que fue creado en 2018 por orden del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región, detalló que para junio de 2019, por lo menos 4 millones de personas se encuentran en el exterior, de las cuales 80% (3,2 millones) se hallan en América Latina y el Caribe, mientras que el porcentaje restante, que equivale a 800.000 ciudadanos están en el resto del mundo.

“4 naciones: Colombia, Perú, Chile y Ecuador, concentran más de 65% de los venezolanos que ha abandonado su país. En Curazao (26.000) y Aruba (16.000), los venezolanos representan 15% de la población total de cada una de las islas, la más alta de la región en términos relativos”, detalla el informe de la OEA.

Estatus de refugiados para venezolanos

El informe revela que 460.000 venezolanos han presentado solicitudes de asilo, de las cuales 350.000 se pidieron en 2018; sin embargo, solo 21.000 han sido otorgadas en todo el mundo.  

El Grupo de Trabajo instó a los Estados miembros de la OEA a que usen el reconocimiento de prima facie para el estado de refugiado de los venezolanos, pues las personas que se han visto obligadas a abandonar su país cumplen de manera notoria con la definición establecida en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, de 1984.

“Las personas que han huido de su país porque sus vidas, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”, son algunas de las causas subyacentes del movimiento forzado en la región que especifica la Declaración de Cartagena.

El grupo señaló que las razones expresadas en esa declaración aplican de manera formal para la crisis que atraviesa Venezuela, motivo por el cual se les debe conceder el estatus de refugiado en el ámbito regional.  

Recalcó que la recomendación es consistente con la que elaboró Acnur acerca de que los Estados miembros de la OEA examinen aceptar respuestas de protección colectiva para los venezolanos, que incluyen la alternativa de una prima facie o grupal del estado de refugiado y creer en los instrumentos regionales como apoyo para la realización de soluciones basadas en el grupo.

Destacó que la prima facie tendría el  beneficio sumado de ayudar a los connacionales a superar los obstáculos que les impiden acceder a los procedimientos de asilo.

El Grupo de Trabajo de la OEA dijo que ante las dimensiones dramáticas que ha originado la crisis en Venezuela, es imprescindible acelerar acciones para concederles protección permanente a los migrantes y refugiados venezolanos, brindarles la oportunidad de integrarse a los países que los acogen, convertir la adversidad en una oportunidad para la región y para la reconstrucción de Venezuela cuando esta etapa comience, pues muchas personas están dispuestas a retornar a la nación cuando las cosas mejoren.

“Para lograr la integración de millones que huyen dramáticamente es necesario crear las bases para un consenso regional que garantice la protección permanente e integración de los venezolanos. Será la mejor contribución del continente a corto plazo por la prosperidad que se generará en las naciones receptoras y, a largo plazo, con el retorno de muchos venezolanos capacitados para aportar en la reconstrucción de su país”, agrega el documento.

Cooperación internacional

El informe indica que aunque el éxodo masivo de venezolanos empezó entre 2014 y 2015, fue solo hace unos cuantos meses que se inició la recaudación de fondos entre instituciones internacionales y en el ámbito regional, pero no ha sido suficiente para ayudar a las personas que han tenido que dejar su país por la crisis.

Este año se creó el primer programa regional de respuesta humanitaria interinstitucional, el Plan de Respuesta de Refugiados y Migrantes, para apoyar a los desplazados venezolanos.

La exigencia financiera de ese proyecto es de 768 millones de dólares para 2,2 millones de connacionales necesitados y 580.000 en comunidades receptivas en casi 20 países. Expertos en la materia consideran que esas cifras todavía subestiman la situación.

El Grupo de Trabajo explicó que los requerimientos financieros se dividen en 315,5 millones de dólares para Colombia; 117,3 millones de dólares para Ecuador; 106,4 millones de dólares para Perú; 56,6 millones de dólares para Brasil; 35,7 millones de dólares para el Cono Sur; 34,8 millones de dólares para el Caribe; 21,7 millones de dólares para Centroamérica/México, y 49,7 millones de dólares para necesidades regionales.

Sin embargo, destacó que para el primer semestre de este año se ha recaudado poco más de 158 millones de dólares, que corresponden a 21% de los requisitos financieros del plan regional, lo cual deja una brecha de 579,5 millones de dólares.  

“Esta enorme brecha de financiamiento tiene consecuencias significativas para satisfacer las necesidades humanitarias y de protección no solo de los refugiados venezolanos, sino también de las comunidades que los albergan”, advierte el texto.

El Grupo de Trabajo aclaró que el apoyo no es algo que le compete netamente a los Estados anfitriones, sino que las responsabilidades tienen que ser compartidas entre una extensa variedad de partes interesadas de la comunidad internacional, que incluyen naciones donantes tradicionales, organizaciones multilaterales e instituciones financieras internacionales, entres otras.

“La respuesta por parte de la comunidad internacional no tiene suficientes fondos e insta a la comunidad de donantes a aumentar de forma significativa su apoyo a los países receptores, señalando que aparte de las necesidades humanitarias inmediatas de los venezolanos que llegan, los fondos son necesarios para expandir los servicios básicos y la infraestructura en las comunidades de acogida”, dice el documento. 


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