La Organización de Estados Americanos está a las puertas de tomar decisiones de conjunto para encarar la crisis venezolana, con la reunión de consulta de sus cancilleres el 31 de mayo, convocada por el Consejo Permanente (embajadores) después de adoptar una mayoría de sus miembros el criterio de que en el país se ha producido «una grave alteración institucional del orden democrático». 

Cuando el Consejo tomó esa decisión el 3 de abril apenas se iniciaba la ola de protestas que ha dejado casi 60 muertos y centenares de heridos y detenidos, y el gobierno aún no había lanzado su convocatoria a una asamblea constituyente ni se había implantado el empleo de la justicia militar para procesar a civiles. 

A la resolución de abril el presidente Nicolás Maduro respondió con la orden de retirar a Venezuela de la OEA. 

Aunque el proceso tarda dos años en completarse, ya su gobierno decidió no participar en reuniones y otras actividades de la organización. 

Esos nuevos elementos son considerados por otros gobiernos como agravantes de la crisis venezolana y como demandas para actuar con urgencia y eficacia. 

Así, aun cuando la reunión de consulta de los cancilleres en teoría solo recoge los puntos de vista de los 34 miembros de la organización (serán 33, sin Venezuela), en la práctica es el ámbito para impulsar iniciativas grupales. Más aún después de que otras organizaciones regionales, la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños amagaron pero no consiguieron este mes impulsar medidas que ayuden a afrontar la crisis venezolana. 

La cita de la OEA se encamina «a consolidar un consenso hemisférico alrededor de la tesis de varios importantes actores, como Estados Unidos, Argentina, Brasil y México, en el sentido de que el gobierno de Maduro es autoritario y de que es preferible un paquete de acciones diplomáticas que involucre a todos los países», señala Michael McCarthy, profesor de relaciones internacionales en la Universidad George Washington de la capital estadounidense. 

Varias cancillerías en camino a la cita de Washington «están conversando acerca de componer un grupo de contacto, con personalidades que puedan ser de aceptación por Maduro y la oposición», indica el presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), Kenneth Ramírez. 

Los cancilleres podrían exhortar a Maduro a retirar su propuesta de constituyente comunal y ofrecer además ayuda humanitaria, entre otros insumos para el grupo de contacto que trabajaría una negociación sobre un cronograma electoral, liberación de presos políticos y respeto a la Asamblea Nacional, observa Ramírez. 

Aunque Maduro inició el retiro de la OEA con la advertencia de que «Venezuela no es tutelable» y no aceptará injerencia extranjera en sus asuntos internos, algunos gobiernos de la región han manejado la posibilidad de un grupo de países amigos. 

Un antecedente remoto es el Grupo Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela) que trabajó en los años ochenta por la paz en Centroamérica. También el presidente Maduro ha sugerido crear un «grupo de países amigos del diálogo» que propone a la oposición, y que integrarían Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Uruguay y San Vicente y las Granadinas. 

Un dato revelador del peso de la cita del 31 de mayo es que México propuso, en la reunión preparatoria que hizo el Consejo el miércoles de esta semana, que los cancilleres puedan extender su conferencia a más de un día de trabajo; es decir, que el debate pueda prolongarse hasta salir con una iniciativa concreta. 

Ello aunque formalmente la reunión sea solo de consulta, pues las resoluciones deberán votarse y aprobarse en otros órganos, como el Consejo Permanente o en la Asamblea General de la OEA, fijada para la segunda quincena de junio en México, según recuerda la internacionalista Giovanna de Michele. 

Almagro insiste. El ex canciller uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA, elaboró en 2016 y 2017 voluminosos y muy críticos informes sobre la situación venezolana, en particular acerca del estado de su democracia, y ha sostenido un enfrentamiento casi a diario con el presidente Maduro, su gobierno y los poderes alineados con el oficialismo. 

«El papel del secretario general ha sido clave para abrir el espacio político y dar base para que otros puedan actuar, con una posición más fuerte con respecto a Maduro. Al expandir los términos del debate sobre la naturaleza del régimen y el estado de la crisis, abrió este espacio político para actuar», sostiene McCarthy. «Mientras Maduro perdía credibilidad, Almagro cruzó varias líneas para llegar a donde estamos», agrega. 

En un mensaje que difundió a finales de mayo, Almagro desechó la posibilidad de ser neutral ante la situación venezolana pues «no tiene cabida ni es aceptable una ‘neutralidad’ ­entre comillas­ basada en ignorar la represión, los presos políticos, la tortura, el hambre, la falta de separación de poderes». 

En su opinión, «el proceso de diálogo anterior (a finales de 2016, con ex presidentes iberoamericanos y el Vaticano como acompañantes) fracasó por no ser consciente de la necesidad de redemocratización que tiene el país. Es la hora de la negociación definitiva para acordar los términos del restablecimiento de la democracia» en Venezuela. 

Para Almagro «la única salida viable a la crisis es convocar a elecciones generales ya». 

Presión desde el norte. Estados Unidos ha sido señalado como el país que más presión puede ejercer para que se atiendan los llamados de la comunidad internacional, y en particular de la OEA. 

Ello por su condición de gran potencia, su capacidad para presionar a otros países del hemisferio ­según ha denunciado el propio Maduro­ por ser gran socio comercial y cliente tradicional para el petróleo venezolano, y porque puede sancionar a funcionarios venezolanos como ya hizo con autoridades civiles, militares y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 

McCarthy considera que al juego de la política internacional en relación con Venezuela «Estados Unidos llegó tarde, pero llegó. En el marco de la OEA se trata de construir confianza y ofrecer alternativas. Y en Washington pasa algo interesante porque a pesar de la polarización que tiene el país, hay una política de Estado para jugar a un tiempo en dos tableros: apoyar enérgicamente acciones multilaterales que colocan a Estados Unidos como un país más que busca salidas a una crisis severa y trágica, y tomar medidas directas sobre autoridades como un mecanismo para buscar apalancamiento» en favor de las propuestas. 

El experto indica que «cabe esperar que el gobierno estadounidense siga tomando medidas intermedias ­entre los extremos que serían bloquear ventas de crudo o solo hacer críticas­ para aumentar su presión, pero no al punto de poner en riesgo los intereses que tiene con Rusia y China, que han sido aliados de Caracas, al tratar el tema de Venezuela». 


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