Mundo

Nieto Palma: “Tenemos el peor sistema penitenciario del continente”

El coordinador general de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad considera que la gestión del Ministerio del Servicio Penitenciario ha fallado en mejorar las condiciones de reclusión 

cárceles

Referencial

Una de las causas de hacinamiento es la clausura de los recintos penitenciarios

El hacinamiento, el ocio y el control de las cárceles por parte de los reclusos son aspectos que colocan el sistema penitenciario de Venezuela como el peor del continente, afirma el coordinador general de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma. 


Con la creación en 2011 del Ministerio del Servicio Penitenciario, según reconoce Nieto Palma, se agravó la situación de las cárceles del país: “Para entonces ya habían problemas, pero no de la gravedad que hay ahora. Hay un retardo procesal terrible. El Plan Cayapa Judicial (2013) es uno de los programas que el ministerio creó para eso y no ha servido para nada; tampoco han logrado reducir los niveles de hacinamiento, por el contrario, ha aumentado”. 


Una de las causas de hacinamiento es la clausura de los establecimientos. La capacidad del sistema carcelario del país es de 23.000 personas y solamente en calabozos policiales se encuentran 47.000 presos, asegura Nieto Palma. 


“En vez de abrir centros penitenciarios, lo que han hecho es cerrarlos en un contexto donde el hacinamiento es grave. Entre 7 y 8 cárceles han sido desalojadas. Hay estados que incluso se quedaron sin centros de reclusión, como Zulia y Nueva Esparta. Ofrecieron abrirlos meses después y ya han pasado varios años desde entonces”, agrega. 


En 2012 fue desocupada la prisión La Planta que estaba en El Paraíso, en Caracas, y sus reclusos fueron reubicados en otros centros. En 2013 ocurrió una masacre en el Centro Nacional de Sabaneta, donde fueron asesinadas 16 personas por una pugna entre bandas por el control del recinto, por lo que ordenaron su cierre. En 2016 la cárcel San Antonio de Nueva Esparta y la Penitenciaría General de la República en Guárico también fueron cerradas. En agosto de este año ocurrió otra masacre en la cárcel de Amazonas, donde murieron 37 presos en un enfrentamiento armado con funcionarios policiales de la entidad.  


Los penales más violentos en 2016 fueron la PGV, con 28 muertos y 11 heridos; Fénix, en Lara, con 8 muertos; La Pica, en Monagas, dondehubo 6 muertos; Puente Ayala, en Anzoátegui, con 14 muertos; y la cárcel de Apure, con 6 reclusos asesinados, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones. 


“Tenemos una Constitución donde se establece cómo debe funcionar el sistema penitenciario. El artículo 272 no se cumple. No tenemos personal ni programas enfocados en la reeducación de los privados de libertad, no hay espacios para el deporte. Nada de lo que contiene el artículo se cumple”. La carta magna estipula un sistema penitenciario que “asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos”, por lo que estos centros deberían contar con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Todo esto “bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias que se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales”. 


Precisamente, Nieto Palma destaca que para solucionar la crisis en el sistema penitenciario es necesario descentralizar las cárceles y entregarlas a las gobernaciones estadales. “También se debe tomar el control de las prisiones, pues quienes mandan dentro son los presos. Buscar penitenciaristas profesionales, porque el gobierno se ha dedicado a cambiar esa concepción y hacer creer que estos son policías de presos. La idea es buscar educadores. Lamentablemente, las cárceles son una universidad del crimen: quien entra medio choro, sale choro completo”, afirma. 


En Venezuela existió el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, que fue creado en 1992 por Elio Gómez Grillo. Este lugar fue clausurado por el gobierno en 2014. La organización se dedicaba a la formación de penitenciaristas universitarios que, luego de tres años de estudios, alcanzaban el titulo de técnicos universitarios superiores en penitenciarismo. “Eran quienes se encargaban de reeducar a los privados de libertad. El gobierno unió esta carrera a la Universidad Nacional de la Seguridad. Allí cambiaron el criterio de educadores y se decidió formar a policías de presos. Unos vulgares cabos de presos, quienes maltratan y golpean”, expresó Nieto Palma.