El diario El Mundo de España informó que el empresario venezolano Alejandro Betancourt está siendo investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Fuentes conocedoras de la investigación confirmaron a El Mundo la información de la investigación, centrada en operaciones inmobiliarias realizadas en España -remitidas a la Policía por el servicio de inteligencia financiera Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales)- y en contratos adjudicados por la empresa Petróleos de Venezuela a la sociedad de construcción de plantas termoeléctricas Derwick Associates de Venezuela, presidida por Betancourt y su primo Pedro Trebbau.
La investigación vincula movimientos de dinero de procedencia presuntamente ilícita, que entraron y salieron de cuentas bancarias españolas mediante transferencias, cheques y reintegros en efectivo, a través de la compra de inmuebles. Precisamente, una de las operaciones investigadas es la adquisición de la finca del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en marzo de 2012.
Se trata de la propiedad conocida como Castillo de El Alamín, en Santa Cruz del Retamar (Toledo). Esta finca salió a subasta cuando el grupo Marsans entró en concurso de acreedores, en febrero de 2011 -el inmueble era propiedad de la empresa Pulpi-.. El venezolano pagó 22,8 millones de euros, siendo una de las primeras inversiones inmobiliarias que hizo en España.
La adquisición se hizo a través de la sociedad española Derwick Associates International, registrada como Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste. Seis días antes de que se produjera el pago, el banco JP Morgan Chase Bank NA Private, en Nueva York, cuyo titular era Derwick Associates Corporation, transfirió 28,7 millones a la española Derwick Associates bajo el concepto de préstamo.