Aproximadamente 540 empresas cambiaron su sede social de Cataluña a ciudades de otras regiones españolas desde el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, de las que 533 se trasladaron entre los días 9 y 11, según datos provisionales del Colegio de Registradores de España.
El mayor número de salidas, 212, se produjo el 9 de octubre, la víspera de que el presidente del gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, dijo en el Parlamento local que asumía el mandato del pueblo catalán en ese referéndum para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república.
El 10 de octubre hubo 177 traslados de sede de empresas, mientras que el 11 de octubre se contaron 144, aunque para ese día solo hay datos de Barcelona y Gerona, 2 de las 4 provincias catalanas.
En los días previos, los cambios de sede fueron muy reducidos: 1, el 3 de octubre; 2, el día 5; y 4, el día 6. En sentido contrario, 22 firmas se mudaron a Cataluña hasta ahora en ese mismo período. Las empresas optaron por el cambio por el temor a la inseguridad jurídica que pudiera darse en la comunidad autónoma de Cataluña, que representa 19% del PIB español.
Los más significativos son los casos de los bancos CaixaBank y Sabadell, la energética Gas Natural Fenosa, el grupo editorial Planeta, Aguas de Barcelona y la concesionaria de autopistas Abertis.
La inmensa mayoría de las compañías que han abandonado la región de Cataluña, 501, tenían la sede social en Barcelona, según el Colegio de Registradores.
El ministro de Economía y Competitividad de España, Luis de Guindos, aseguró que la crisis catalana no saldrá gratis desde el punto de vista económico. La situación obligará a situar algo por debajo de 2,6% las previsiones de crecimiento de España para 2018, informó en una conferencia de prensa en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
De Guindos destacó que en el tercer trimestre los indicadores habían sido buenos: “La economía catalana estaba teniendo incluso un mejor comportamiento que la del resto de España”.
Piden claridad al presidente catalán El gobierno español pidió claridad al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y aseguró que no aceptará respuestas ambiguas sobre si declaró o no la independencia de esa región española que, de seguir en la situación de inestabilidad actual, podría entrar en recesión económica. El próximo lunes termina el plazo para que responda al requerimiento que el gobierno le envió el miércoles pasado para que aclare lo que dijo en su confuso discurso ante el Parlamento catalán. Si el líder catalán no da una respuesta negativa a la declaración de independencia, se activará la segunda fase del artículo 155 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas, explicó la vicepresidente del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y reiteró que las autoridades catalanas están a tiempo de recuperar la normalidad institucional. La vicepresidente instó a Puigdemont a volver al orden constitucional y a que exponga sus propuestas en el Congreso de los Diputados, donde están los que representan al pueblo español. |