La denuncia contra el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, ya investigado por corrupción en el caso del fraude a Petrobras, presiona aún más al debilitado gobierno brasileño a días de una manifestación opositora que se prevé masiva. La Fiscalía de Sao Paulo señaló a Lula de ocultación de propiedad y lavado de dinero. El organismo sospecha que el ex presidente es dueño de un elegante apartamento en el cercano balneario de Guarujá, lo que ha negado enfáticamente. El inmueble también es objeto de investigación en la operación Lava Jato, procedimiento que desentraña la red de corrupción tejida entre políticos, empresarios y ex directivos de la Petrobras, empresa estatal, un caso abierto en la Fiscalía de Curitiba  y que sacude a toda la clase política brasileña. El apartamento, oficialmente es propiedad de la constructora OAS, involucrada en el esquema de fraude. Autoridades presumen que la compañía utilizó estos emprendimientos como pago de favores a cambio de contratos con la estatal.La acusación contra Lula cae como una bomba sobre el Partido de los Trabajadores, de izquierda, y la presidente Dilma Rousseff, enfrentada a la posibilidad de un impeachment y atribulada por informaciones que vinculan su gobierno con el esquema de corrupción, justo en momentos en que Brasil atraviesa una severa recesión económica. Es un nuevo antecedente en un escenario de incertidumbre sobre el futuro del gobierno. «Todavía hay un margen para empeorar. Hay espacio para que el PT se radicalice aún más, para más violencia, más intransigencia política, y parece que estamos llegando a un punto de no retorno», opinó Everaldo Moraes, analista político de la Universidad de Brasilia. El lunes próximo Lula debe declarar como testigo, por videoconferencia, desde Sao Paulo ante el juez de Curitiba Sergio Moro, que lleva el caso Lava Jato. La presión sobre el Ejecutivo arreció hace unos días cuando reportes aún no confirmados indicaron que el senador del PT Delcidio Amaral, acusado de participar en el «Petrolao» y hasta hace poco hombre de confianza de Rousseff y jefe de la bancada del partido en el Senado, habría afirmado que la presidente obstruyó la investigación sobre la corrupción en Petrobras. Y todo eso da más leña al fuego de quienes buscan la caída de la mandataria. La defensa del ex presidente alegó que existe conflicto de jurisdicción entre las justicias de Sao Paulo y de Curitiba, que investigan los mismos hechos. La denuncia, en todo caso, aún tiene que ser revisada por un tribunal de Sao Paulo. Lula y sus partidarios denuncian que todos estos procesos constituyen un complot de la «élite» y la prensa para evitar su probable candidatura a la elección presidencial de 2018.


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