El ex presidente de Brasil  Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por corrrupción, está dispuesto a formar parte del gobierno de la presidente Dilma Rousseff para evitar ser enjuiciado,  salvar a su sucesora y un proyecto político desgastado por los escándalos de corrupción y la recesión. Rousseff afronta un pedido de impeachment  por supuesta adulteración de las cuentas públicas, en tanto que Lula es investigado por un megaescándalo de corrupción en Petrobras. Lula podría asumir la Secretaría del gobierno, la jefatura de gabinete, o incluso trabajar desde fuera de la estructura de gobierno como un articulador con los aliados del PT para bloquear el impeachment. El ingreso de Lula al Ejecutivo «es una posibilidad real y concreta (…), pero se está llevando a cabo una evaluación de los pro y los contra», dijo una fuente gubernamental, y añadió que el ex líder sindical podría llegar a Brasilia en las próximas horas para discutir el asunto. Un diputado y dos asesores del Partido de los Trabajadores señalaron que la maniobra busca «apagar el incendio», alimentado por una protesta que el domingo pasado llevó a más de 3 millones de personas a pedir en las calles la salida de la mandataria, y por las revelaciones de la trama de sobornos montada en Petrobras para financiar partidos políticos.   Escándalo. En una espiral de revelaciones, ayer se supo que el líder del Partido de los Trabajadores en el Senado, Delcidio Amaral, acusó al ministro de Educación, Aloizio Mercadante, de intentar sobornarlo para que no colabore con la justicia. Amaral, procesado por obstaculizar la investigación del «Petrolao», desoyó finalmente esa oferta y decidió delatar a otros involucrados, a cambio de una reducción de su eventual condena.   La oposición exigió la «inmediata y sumaria» destitución de Mercadante, «Si a la presidente Rousseff le queda algo de dignidad debe destituir inmediatamente al ministro» y «reconocer que su gobierno cada día avergüenza más al país», dijo el diputado Antonio Imbassahy, jefe del Partido de la Social Democracia Brasileño en la Cámara Baja La Corte Suprema podría destrabar el proceso de impeachment esta semana, definiendo su formato y habilitando a la Cámara de Diputados a instalar la comisión que la encamine al plenario. En caso de que lo acepte, una mayoría de dos tercios de los 541 diputados federales deberá decidir en una sola votación si inician el juicio de la presidente.   El ex jefe del oficialismo en el Senado de Brasil Delcidio Amaral acusó a la presidente Dilma Rousseff y a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, de participar en múltiples casos de corrupción. La declaración de Amaral a la policía, ofrecida en el marco de un acuerdo de cooperación con la justicia, fue aceptada por la Corte Suprema, con lo que se incorporó a la causa abierta por el caso de corrupción en Petrobras. En su declaración, que suma 255 páginas y aporta pruebas como sus agendas oficiales, listas de llamadas y pasajes aéreos, el senador denuncia también a numerosos políticos. Entre otros ilícitos, acusa a Rousseff y a Lula de chantajear a testigos de los casos de corrupción, entre ellos a él mismo, de financiación ilegal y de autorizar operaciones ilegales en Petrobras. Señaló que la jefe del Estado propuso el nombramiento del magistrado Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para el Superior Tribunal de Justicia, que fue el único juez que votó a favor de conceder un hábeas corpus a dos de los empresarios acusados de pagar sobornos para ganar contratos de Petrobras.


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