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La lucha anticorrupción latinoamericana: muchas normas, poca transparencia

América latina intenta desandar la intrincada trama de la connivencia pública privada; existen leyes que la combaten, pero queda pendiente su estricto cumplimiento

Lula da Silva

Referencial

Por GDA| LA NACIÓN |ARGENTINA| PAULA URIÉN

La presidente de Brasil inaugura de manera oficial una refinería y sucede este diálogo entre un matrimonio relacionado con el poder que está en su casa siguiendo los acontecimientos por la televisión:

Ella: —Podría haberse hecho con la mitad del dinero, ¿no?

Él: —Sí, pero es preferible tener una refinería, que nada.

Ella: —Pero podríamos tener dos.

Él: —No hay voluntad política.

Es parte de la “obra de ficción inspirada libremente en eventos reales”, según sus autores, de El Mecanismo, la nueva serie de Netflix basada en el libro Lava Jato: el juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil, del periodista Vladimir Netto, y que desató la ira del ex presidente de Brasil, Lula da Silva, hoy preso por corrupción.

Lejos de la ficción, la consultora estadounidense Global Financial Integrity da cuenta de la magnitud del dinero ilícito que circula por América Latina. Ante la consulta, señala: “Las transferencias ilícitas al exterior de América Latina llegan hasta los 147 millardos de dólares anuales, y las que ingresan a la región, a 257 millardos de dólares”.

La corrupción no solo es materia de “peces gordos”, sino que es transversal a todos los sectores de la sociedad, incluso los más humildes. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, organismo autónomo del gobierno federal de México, reporta la comisión de más de cuatro millones de actos anuales de pequeña corrupción en el contacto de los ciudadanos con las autoridades.

En el ámbito empresarial, según el más reciente informe anual Report to the Nations, publicado este mes por la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE por sus siglas en inglés), 51% de los delitos de guante blanco son por corrupción en América Latina y el Caribe, donde las empresas pagan una media de 100.000 dólares en coimas para lograr algo a cambio, mayormente de parte del Estado. Todo esto en una región que, según la Cepal, tiene más de 187 millones de personas en 2017 que viven en la pobreza y 62 millones en la pobreza extrema.

Observar el mapa que publica todos los años Transparencia Internacional es ver el mundo a través de un color predominante: el rojo. Más de 2 tercios de los 180 países que participan tienen una calificación inferior a los 50 puntos, en los que 100 es la puntuación que define la mayor transparencia. América Latina no es ajena a esta tendencia, con un puntaje bastante pobre, siendo Chile y Uruguay, con 67 y 70 puntos, respectivamente, los países que mejor califican. El resto está en la zona roja y los números lo prueban.

Esto sucede a pesar de que en materia de leyes contra la corrupción pública-privada la región avanzó en los últimos años. Algunas tienen alcance extraterritorial, se establecen multas y llegan hasta personas jurídicas.

Hay países que si no tienen leyes específicas cuentan con herramientas ad hoc en los códigos. Esto sucede en El Salvador y Chile, donde existen normas que la prevén y castigan con la disolución o cancelación de la persona jurídica.

A principios de 2018 en Argentina entró en vigencia la nueva Ley de responsabilidad penal de las empresas, con multas hasta “de 2 a 5 veces el beneficio indebido” y “suspensión total o parcial de las actividades que en ningún caso podrá exceder los 10 años”. En Colombia, para las personas jurídicas que incurran en actos de corrupción, las multas llegan a 200.000 salarios mínimos; es decir, 54,27 millones de dólares. En Perú existen la Ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas sobre delitos de cohecho activo transnacional y la Ley 30737 que aseguran el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos.

Brasil exige como sanción administrativa una multa equivalente a 20% de la facturación bruta del último ejercicio y la reparación integral del daño. También, un descuento del 1% al 4% en caso de que la empresa tenga un programa de integridad, y además las empresas que tengan y apliquen un canal de denuncia pueden ver reducidas sus penalidades.

En general, se considera un atenuante tener un programa de integridad que funcione correctamente y que colabore con las investigaciones. Con la responsabilidad sobre proveedores, las acciones llegan también a las empresas que los contratan. Por ejemplo, en México, al 31 de julio de 2016, se tienen registradas 1.603 sanciones impuestas por el Servicio de Protección Federal a licitantes, proveedores y contratistas, que infringieron la Ley de contratación pública.


Un decorado anticorrupción. No obstante las normas, “estamos mal”, dice la argentina Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional, al referirse a la región: “Es cierto que tenemos un avance en materia legislativa. El problema es que nosotros tenemos esas leyes guardadas en los anaqueles y las oficinas correspondientes, sin presupuesto, sin personal, sin infraestructura”.

Es cierto que existen hitos que generan expectativa, pero que no logran parar la maquinaria bien aceitada de los sobornos. Imposible no recordar a presidentes, ex presidentes, funcionarios de primera línea y empresarios en la cima de la pirámide presos o con causas activas por corrupción. En esta situación está quien fue vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; los ex presidentes peruanos, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, y el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. En Argentina, varios funcionarios muy cercanos a la ex presidente Cristina Kirchner están en prisión preventiva, lo mismo que su principal operador de infraestructura, Lázaro Báez, quien obtuvo con el matrimonio Kirchner un vertiginoso ascenso económico. Ella misma tiene una megacausa por corrupción llamada “la ruta del dinero K”, parte de la cual forma parte de hoteles 5 estrellas que presuntamente funcionaban para lavar dinero.

La operación Lava Jato, iniciada en 2014 y aún en curso, tiene al mundo en vilo por el alcance de sus redes en el ámbito internacional. Comenzó con la investigación de fraudes en contratos con Petrobras y reveló esquemas de corrupción que involucran a los principales nombres de la política del país. Después de cuatro años, suma 183 condenas contra 119 personas, entre ellas empresarios, ex directores de la empresa estatal y políticos de diversos partidos. Investigadores rastrearon pagos de coimas por aproximadamente R$ 6,4 millardos (1,8 millardos de dólares). El resarcimiento pedido y las multas aplicadas llegan a R$ 38,1 millardos (10,9 millardos de dólares).

La investigación de los crímenes alcanzó dimensión internacional luego de ser negociados 395 pedidos de cooperación al menos con 42 países. Las acciones también resultaron en 11 acuerdos de lenidad con empresas involucradas en los esquemas de corrupción. La gran pregunta es la siguiente: ¿puede este tipo de acciones perdurar en el tiempo?

La presidente de Transparencia Internacional cree que no. “En la región vemos algunas tendencias: en primer lugar, la corrupción sigue rampante. En segundo lugar, es cierto que se ven algunos atisbos de lucha contra la impunidad”.


Tres maneras de luchar contra la impunidad

La lucha contra la impunidad se da de tres maneras distintas en la región: existe el modelo “campeones”, como el de Brasil, “el gran esfuerzo está hecho por campeones de la lucha anticorrupción, que son el juez Sergio Moro, su gente y el equipo de fiscales. Si se van, o se retiran, ¿habrá nuevos campeones?; el modelo “paraguas internacional”: en Honduras y en Guatemala “se ha desbancado a presidentes, vicepresidentes y se ha encarcelado a funcionarios. El modelo en estos dos países se basa en la intervención de un organismo (por ejemplo, alguno amparado por Naciones Unidas o la OEA), que colabora en la investigación local. Sin embargo, no es reproducible en todos los países porque cada uno tiene sus normas”; y el modelo ¿me conviene?: Een Argentina y Perú, por ejemplo, “los mismos jueces que durante años miraron para el costado; es decir, no hicieron nada, cuando cambian las circunstancias políticas o económicas o se produce algún escándalo, se despiertan y activan las causas”.

“El problema en cualquiera de estos tres modelos es la sustentabilidad de la lucha contra la impunidad”, comenta Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional. Para comenzar a transitarla se necesita cumplir con las leyes y que la justicia tenga las herramientas, la tecnología y los recursos suficientes. Y también, en casos de corrupción transnacional, “habría que mejorar los mecanismos de cooperación en la investigación y de armonización legislativa en normas procesales.

En muchos países para investigar algo en el extranjero la justicia recurre a procedimientos del siglo XIX, con oficios que pasan por cancillerías. Mientras esto sucede, la gente está pasando dinero a empresasoffshore a la distancia de un click”.

Pero hay más palos en la rueda. En México, por ejemplo, existe una ley que crea un sistema nacional anticorrupción. No obstante, funciona de manera parcial porque no se ha nombrado al fiscal anticorrupción y por ello los delitos relacionados con la materia no están vigentes. En Venezuela, solo se tiene la Ley contra la corrupción que, si bien tiene un amplio alcance, establece pocas normas dirigidas al sector privado, por ejemplo sobornos al sector público.

En Brasil, la consultora Inter B, solo con base en las obras públicas de infraestructura –foco de la corrupción en el país–, calcula que el costo directo de la corrupción entre 1986 y 2016 se ubicó entre R$ 1,5 billones y R$ 3,2 billones; es decir, entre 24,6% y 51,4% del PBI de 2016.

De acuerdo con el Banco Mundial, el costo anual de la corrupción en México es de 9% del PBI; es decir, que de cada 100 pesos que genera la economía, 9 se destinan al pago de sobornos o “mordidas”. Por otro lado, la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG reporta que 44% de las empresas en México realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos. A Perú le cuesta más de US$ 3,6 millardos al año, según la Defensoría del Pueblo. Es decir US$ 10 millones diarios y 10% del presupuesto nacional por año. Se calcula que en Colombia equivale aproximadamente al 5% del PBI; es decir, aproximadamente 15 millardos de dólares. Por eso, el gobierno promulgó en octubre de 2016 la Ley de imprescriptibilidad para los delitos de corrupción contra la administración pública. 

Por otro lado, un cálculo de 2016 del actual ministro de Hacienda en la Argentina, Nicolás Dujovne, calcula el costo de la corrupción en el país en 2,5 millardos de dólares por año. Y sigue la lista.