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Los millenials que aportarán 433 billones al PIB en 10 años

En manos del Congreso está la resolución de los 800.000 jóvenes sin papeles que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Los venezolanos están en la lista de las 10 nacionalidades que más se han beneficiado de este programa

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“No estoy a favor de castigar a niños, o a la mayoría de ellos que ya son adultos, por las acciones de sus padres”, dijo en un comunicado Trump. “Pero también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes”, agregó. Así dejó en manos del congreso el destino de más 800.000 personas beneficiarias de Daca, la gran mayoría de ellos mexicanos. “El congreso ahora tiene la oportunidad de avanzar en una reforma migratoria responsable que tome en cuenta primero los trabajos y la seguridad de los estadounidenses”, enfatizó. También pidió que la legislación busque priorizar el ingreso legal de personas que hablen inglés y tengan habilidades de alto nivel.

Ese mismo 5 de septiembre, el portal web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció los cambios en el programa: “Ya no aceptaremos solicitudes iniciales de Daca, pero adjudicaremos las solicitudes iniciadas aceptadas para el 5 de septiembre de 2017”. También estarán adjudicando las solicitudes de renovación de Daca recibidas hasta el 5 de octubre de 2017 de jóvenes cuyos beneficios Daca vencen entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018.

“La anulación va a  comenzar a tener efectos en seis meses. El congreso tiene que pasar una ley que beneficie a estas personas. Si se logra, Trump terminará siendo un héroe. Porque los sacaría de una solución temporal que les dio Obama a los inmigrantes, a algo permanente”, opina Badell.

Son variados los proyectos de ley que han entrado al Congreso estadounidense para buscar regularizar la inmigración, como por ejemplo, Ley Puente, Ley Esperanza, Ley Sueño.

Badell considera que con relación a Daca la iniciativa de ley la van a tener los republicanos: “Es un plan político que va de la mano. Van a querer tener la batuta para presionar a los demócratas. Los republicanos tienen que promover algo porque es el mandato presidencial. Un proyecto de ley que sea bueno y que no sea demasiado comprometedor para que los demócratas estén en desacuerdo”.

El abogado de inmigración y director de Refugees Freedom Program, Julio Henríquez, considera que los republicanos han indicado que es momento de hacer una reforma migratoria más comprensiva, ir más allá y resolver la situación irregular de muchas personas: “Sin embargo, ser tan ambicioso con la composición del congreso es complejo. Hasta el momento no han aprobado beneficios migratorios, todo indica que la mayoría tiene intenciones para hacer complicada la situación y no de brindar beneficios migratorios”, opina. Y agrega: “El año pasado en la administración de Obama, el porcentaje de personas sin antecedentes criminales para deportaciones era 18%. En la administración de Trump ha aumentado, ronda el 30%”.

Henríquez espera que no se produzca la deportación. “Hay que entender que la mayoría de estos jóvenes conocen a Estados Unidos como su único país. La operación de deportar a 800.000 es una logística compleja. No es tan sencillo que en efecto se muevan los mecanismos para deportar teniendo tantas otras deportaciones que pueden ser consideradas prioritarias por haber cometido delitos o porque no tienen este vínculo con Estados Unidos como los dreamers”. Henríquez indica que 97% de ellos están trabajando o estudiando.

De acuerdo con un estudio publicado en enero por el Centro para el Progreso Americano estos jóvenes trabajan en diferentes industrias y han colaborado en impulsar las economías locales. Y estimó que si los trabajadores Daca perdieran sus permisos de trabajo y empleo, el Producto Interno Bruto acumulado reduciría en 433 billones de dólares en los próximos 10 años. Expresa que la economía de cada estado también se vería afectada por la pérdida de trabajadores. “Grandes compañías como Apple tiene 250 empleados por Daca. Que de la noche a la mañana no puedan tenerlo afectaría. Es como si interrumpiera el negocio o el desenvolvimiento normal de grandes empresas”, sostiene Badell.

De hecho, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, expresó que sus compañeros “dreamers” merecen “una solución arraigada en los valores americanos”. Microsoft mostró preocupación por sus empleados Daca: “Siempre apoyaremos la diversidad y oportunidades económicas para todos". "Los soñadores pertenecen a nuestro país, a nuestras empresas y a nuestras comunidades. Estoy orgulloso de apoyarlos", escribió en Twitter el director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky.

Entre palabras de aliento y lucha por la permanencia de estos jóvenes en Estados Unidos vienen seis meses críticos decisivos para los “dreamers” entre el país de origen o la única nación en que se reconocen como parte. Pero para Trump durante este tiempo no hay nada de qué preocuparse.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció el lunes que su Estado, conjuntamente con Minnesota, Maryland y Maine, presentarán una demanda contra el presidente Donald Trump por su decisión de terminar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a cerca de 800 mil jóvenes indocumentados.

La demanda presentada por el procurador estatal Xavier Becerra tiene argumentos similares a una impugnación presentada la semana pasada por 15 estados y el Distrito de Columbia. A California se le unieron, en acciones legales por separado, los estados de Maryland, Maine y Minnesota.

La querella de California señala que el gobierno de Trump viola la Constitución y otras leyes al rescindir el DACA, siglas del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y que aplaza la deportación de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños _ya sea traídos ilegalmente o porque sus padres se quedaron en el país una vez que vencieron sus permisos_ pero que hoy no cuentan con permiso de residencia.

La semana pasada Becerra dijo a The Associated Press que California presentaría su propia demanda porque más de 200.000 de los 800.000 beneficiados por el DACA viven en el estado y sería la entidad más afectada si fuera cancelado.

Otros estados que han impugnado incluyen a Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia.