La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes la captura por cargos de narcotráfico del legislador Jesús Santrich, ex negociador de paz de la disuelta guerrilla FARC y cuyo paradero se desconoce desde el 30 de junio.
En un auto divulgado a la prensa, el tribunal dictó la medida, que además incluye un pedido a la policía internacional para que ubique y arreste a Santrich con fines de extradición.
El ex comandante rebelde pasó a ser prófugo tras incumplir este martes una diligencia de indagatoria en la corte para que responda por un presunto intento de traficar con cocaína después de haber firmado la paz en 2016. Estados Unidos lo busca por los mismos cargos.
Los magistrados explicaron que en un principio privilegiaron el «derecho fundamental a la libertad» del ex guerrillero, pero que ante su «inasistencia injustificada» ahora deberá ser capturado para que se defienda de los cargos de «concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes».
En abril de 2018 Seuxis Paucias Hernández -nombre legal de Santrich- ya había sido detenido con fines de extradición a Estados Unidos.
Pero en mayo de este año la Corte Suprema dispuso su excarcelación y asumió el expediente del parlamentario, quien siempre alegó que era inocente y que las acusaciones respondían a un complot de Estados Unidos y la fiscalía colombiana para torpedear la implementación de los acuerdos de paz.
FARC, decepcionada
De 52 años de edad y con una aguda deficiencia visual, el dirigente del partido surgido de la firma de la paz abandonó su esquema de seguridad el 30 de junio, y desde entonces se desconoce oficialmente su paradero.
El abogado defensor Gustavo Gallardo afirmó este martes que no sabe los motivos de la decisión de su cliente, pero evocó «razones de seguridad» sobre las que no ahondó.
Santrich, quien llegó al Congreso como parte del pacto que terminó con medio siglo de lucha armada de las FARC, también debe acudir a la justicia especial de paz que investiga los peores crímenes cometidos durante el sangriento y prolongado conflicto.
Si incumple con esa obligación, podría igualmente perder los beneficios jurídicos que le otorga el acuerdo de paz, que condujo al desarme de unos 7.000 excombatientes.
El caso Santrich ha dado munición a los críticos de la negociación de paz, empezando por el gobierno del mandatario Iván Duque, que denuncian la impunidad que rodea supuestamente los compromisos firmados en Cuba bajo la pasada gestión de Juan Manuel Santos (2010-2018).
De su lado, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) crítico sin ambages la actuación de su ex negociador, y confió en que los colombianos sabrán diferenciar entre las determinaciones individuales y la mayoría que está cumpliendo con los compromisos firmados.
«Santrich tiene responsabilidades políticas muy serias con todos los que confiamos en él. Nos decepciona y lastima profundamente», dijo el movimiento en un comunicado.
Además del legislador, las autoridades no tienen pistas sobre el paradero de otros tres ex comandantes guerrilleros, quienes tampoco han comparecido a los llamados de la justicia de paz y están en proceso de perder las ventajas del acuerdo y quedar de nuevo en la mira de las autoridades.
El pacto con la otrora guerrilla comunista prevé que los responsables de graves delitos que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas reciban penas alternativas a la cárcel. En caso de incumplimiento, podrán recibir condenas de hasta 20 años.