Un juez de segunda instancia en Brasil ordenó este lunes liberar al ex presidente Michel Temer, quien fue detenido el jueves 21 como presunto cabecilla de «una organización criminal».
La orden tiene efecto inmediato y vale también para el ex ministro de Minas y Energía, Moreira Franco, así como para otros sospechosos presos en la misma operación, confirmó el Tribunal Regional Federal TRF2 de Río de Janeiro.
El magistrado Antônio Ivan Athié, que acogió un habeas corpus presentado por la defensa de Temer, dijo en su escrito que, pese a los «indicios» existentes contra el ex mandatario referentes a supuestos sobornos recibidos en 2014, su aprehensión de forma preventiva (hasta la celebración de un proceso) no tiene justificación legal.
«Aunque se admita que existan indicios que pueden incriminar a los involucrados, no sirven para justificar la prisión preventiva porque además de tratarse de indicios antiguos no está demostrado que los acusados atentaron contra el orden público, o que estarían ocultando pruebas u obstaculizando un eventual proceso criminal”, afirmó Athié.
«No estoy contra la llamada [operación] Lava Jato; al contrario, también quiero ver a nuestro país libre de la corrupción que lo azota. Pero, sin respetar las garantías constitucionales aseguradas para todos, con violación de reglas, no hay legitimidad en el combate a esa plaga», añadió el magistrado.
Temer, de 78 años de edad, fue arrestado en São Paulo el jueves y trasladado a Río de Janeiro por determinación del juez Marcelo Bretas, a cargo de la operación Lava Jato contra la corrupción en esta entidad.
El caso está relacionado con supuestos sobornos recibidos en 2014 a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del estado de Río de Janeiro.
El Ministerio Público Federal investiga «crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero», con «pagos ilícitos» efectuados por un empresario «para la organización criminal liderada por Michel Temer». La prisión preventiva se justificaba, de acuerdo con el Ministerio Público, por la sospecha de que la presunta banda sigue «en plena actividad» y que en 40 años habría «obtenido la promesa, el pago o el desvío hacia la organización de 1,8 millardos de reales» (aproximadamente 470 millones de dólares al cambio actual).