El gobierno de Indonesia está restringiendo la ayuda internacional tras el terremoto y tsunami del 28 de septiembre, al limitar el acceso de personal sanitario y de rescate de otros países, mientras la cifra de fallecidos por el desastre aumentó este sábado hasta 1.649.
Fuentes diplomáticas indicaron que los aviones para transportar asistencia humanitaria sufren retrasos por los estrictos controles indonesios y en las zonas más afectadas de la provincia de Célebes Central, no se han visto expertos foráneos en la fase crítica de búsqueda de supervivientes.
Cinco días después del seísmo de 7,5 grados, al que siguieron un tsunami y aludes de tierra en la isla Célebes, el gobierno indonesio anunció el miércoles que aceptaba la oferta de ayuda de 17 países de los 29 que se ofrecieron para el envío de aeronaves de transporte, generadores, tiendas de campaña y tratamiento de agua.
Arrmanatha Nasir, portavoz del ministerio de Exteriores indonesio, dijo que 23 aviones de 12 países habían sido aprobados y se encontraban en Yakarta, Balikpapan, en la isla de Borneo y puente hacia la zona del desastre, o en Palu, urbe más afectada por el sísmo.
Fuentes diplomáticas y ONG informaron la distribución de bienes, ya que las autoridades indonesias restringieron la colaboración de organizaciones internacionales, incluidos personal sanitario y especialistas en búsqueda y rescate.
A excepción de unos pocos casos, como un equipo médico que llegó hoy de la India, o bomberos franceses y españoles que llegaron este jueves y viernes, respectivamente, los expertos extranjeros no se ven sobre el terreno.
Los españoles de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), que llegaron además con dos perros para localizar personas con vida bajo los escombros, regresan hoy a España después de no ser autorizados para asistir en las labores de asistencia.
«Nadie deja de necesitar ayuda nunca en una situación como ésta, yo no puedo catalogar (el restringir la ayuda extranjera) de error o no porque eso son decisiones que toman las autoridades, pero obviamente aquí hacia falta ayuda», dijo Antonio Nogales, presidente de BUSF, en Palu.
Yusuf Latif, portavoz de la agencia de búsqueda y rescate (Basarnas), comentó que el gobierno extenderá el periodo de búsqueda en la región hasta catorce días después del desastre, y que después decidirá los pasos a seguir.
Los voluntarios y fuerzas de seguridad sobre el terreno ya han comenzado a utilizar equipos de esterilización para protegerse de las enfermedades, mientras que la gran mayoría de los cuerpos son depositados en una fosa común en el cementerio de Palu en la que ya hay más de 1.500 cadáveres.
«Hemos empezado a vacunarnos del tétanos, gripe y con antisueros porque podemos contaminarnos con las víctimas,», dijo Latif.
En Petobo, al sur de Palu y que fue arrasado por un alud de barro, varias grúas retiraban hoy los escombros de forma indiscriminada entre el olor de los cuerpos en estado de descomposición.
Un funcionario del departamento de Vivienda, que prefirió no dar su nombre,estimó que 750 casas fueron afectadas y que al menos dos personas vivían en cada casa.
La agencia de búsqueda y rescate Basarnas registraba en Petobo siete cadáveres retirados a falta de tres horas de luz, un número pequeño en comparación con los casi cincuenta que habían sido extraídos en el barrio Balaroa de Palu a la misma hora.
En ese barrio, donde unas casas se apilan encima de otras, ONG sobre el terreno estiman que más de mil personas fueron sepultadas por el terremoto, aunque la agencia de búsqueda y rescate no quiso confirmar este dato.
A pesar de la tragedia, todavía hay espacio para milagros aislados como el de 31 niños que quedaron atrapados en dos escuelas de formación profesional para menores de entre 15 y 17 años y fueron hallados con vida por los equipos de Basarnas.
El ministerio de justicia dijo que mil presos que continúan fugados después de que el terremoto derribase los muros de seis centros de detención en Célebes Central y que el desastre ha servido para recobrar la libertad.