“Un país bajo el régimen autocrático e incompetente de Nicolás Maduro. Una nación rica en petróleo pero con una economía destrozada, lo que ha resultado en penurias y desastre para la población”, así describió Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, a Venezuela durante la presentación del informe mundial 2018 de la organización defensora de los derechos humanos.

Si bien Roth ponderó que en el continente han existido avances, el caso venezolano era un ejemplo contrario al desarrollo.

El informe de la organización, en su capítulo Venezuela, comienza sin sutilezas: “Actualmente no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al Poder Ejecutivo. A través de una serie de medidas, el gobierno venezolano –con Maduro en la Presidencia y, anteriormente, con Chávez– ha copado los tribunales de jueces que ni siquiera pretenden actuar de manera independiente”.

Agrega: “El gobierno arremete contra críticos a través de represión en las calles, habitualmente violenta, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora”.

Los problemas cotidianos del venezolano están bien documentados. Grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida que impiden que los ciudadanos puedan alimentar adecuadamente a sus familias, impulsa la emigración masiva del país.

Detalla que la mortalidad materna alcanza 65% e infantil 30%, desnutrición en niños menores de 5 años de edad superior a 14,5%. Señala también la impunidad, el hostigamiento a defensores de derechos humanos y comunicadores sociales por parte de las autoridades que emplean fuerza sistemática y brutal contra críticos u opositores.

El informe resalta la violencia de las Operaciones de Liberación del Pueblo en la que más de 500 personas fueron asesinadas en las redadas realizadas entre 2015 y 2017.

Presión. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas, pidió al Grupo de Lima intensificar la presión. “Si no hay una fuerte presión internacional sobre la dictadura de Maduro no creemos que existan posibilidades de mayor progreso”.

Vivanco dijo que la reunión del 23 de enero en Santiago será clave.

“El Grupo de Lima ha hecho notables pronunciamientos contra la dictadura en Venezuela, pero sin medidas concretas, es probable que la situación siga empeorando”, dijo al calificar el diálogo de República Dominicana como un fracaso.

Instó al grupo a llevar el caso ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. “Dada la gravedad de los hechos, la sistematicidad con que se producen la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las detenciones arbitrarias masivas, y la falta de instancias independientes que impidan estos hechos y castiguen a los responsables, justifica la intervención de la CPI. Hay mucha información sobre las atrocidades que se cometen en Venezuela”.


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