El gobierno venezolano comunicó este lunes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) «su decisión soberana de no participar en el procedimiento» solicitado por Guyana para resolver la controversia fronteriza sobre el Esequibo, región cuyas aguas son ricas en yacimientos petrolíferos.
Una representación venezolana, encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza, indicó al presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, que el tribunal «carece manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente» por Guyana.
Esta decisión se produce después de que Guyana solicitara el 29 de marzo, a recomendación del secretario general de la ONU, António Guterres, que la histórica controversia territorial entre ambos Estados sea resuelta por la CIJ.
El rechazo del gobierno venezolano es acorde a su «posición histórica de no reconocer jurisdicción a dicha instancia judicial internacional -en ningún caso- y menos para la resolución de esta controversia».
Venezuela nunca ratificó el Pacto de Bogotá -tratado aceptado por otros países del continente americano, como Bolivia, Chile, Costa Rica o Nicaragua- para resolver sus conflictos fronterizos a través de La Haya.
Guyana, por su parte, considera que el alto tribunal de la ONU es «el único y último mecanismo disponible para resolver la controversia», dijo a Efe su canciller, Carl Greenidge.
«Todo se ha intentado y estuvimos de acuerdo en que el último mecanismo sería el secretario general de Naciones Unidas», quien recomendó en enero pasado que el asunto fuera resuelto por la CIJ, explicó el ministro guyanés.
Greenidge indicó Venezuela quiere ser «una proscrita en la comunidad internacional».
Caracas, por su parte, indicó en su comunicado que ha invitado al gobierno de Guyana a «reanudar las negociaciones de buena fe con la más amplia, sincera y mejor disposición para alcanzar» un acuerdo.
La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde 1966, cuando se produjo la firma del Acuerdo de Ginebra.
Ambos países acordaron, a través de ese documento, buscar soluciones al contencioso después de que Venezuela denunciara en 1962 un laudo arbitral emitido en 1899 por un tribunal en París que fijaba los límites comunes y que para Guyana está aún vigente.
No obstante, «Venezuela no ha sido capaz de presentar, después de 1962, ninguna información en apoyo a sus alegaciones de que el acuerdo de 1899 no es válido», indicó el ministro guyanés.
La posición oficial de Caracas no es motivo de polémica en el país, pues el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, mostró en febrero su rechazo a la recomendación de la ONU de remitir el asunto a La Haya.
El gobierno reclama como frontera el río Esequibo, mientras Georgetown demanda que la línea limítrofe se defina a partir del hito conocido como Monte Roraima.
La región, bajo soberanía de Georgetown actualmente, abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supone las tres cuartas partes del territorio de Guyana.
La polémica se ha agudizado en los últimos años después de que la estadounidense Exxon Mobil haya descubierto varios yacimientos de petróleo en las aguas de la zona en litigio.
El gobierno de Venezuela emitió en 2015 un decreto presidencial que dictaba una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa del Esequibo.