El gobierno de Nicaragua llamó otra vez al cese de las sanciones económicas internacionales, dirigidas a familiares y allegados del presidente Daniel Ortega, y prometió respetar los derechos que garantiza la Constitución, en medio de la crisis sociopolítica.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores pidió levantar la decisión, pues »son precisamente quienes estaban en mayor pobreza los más afectados por esas medidas injustas». Entre las personas que han sido sancionadas hasta ahora están la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo; el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo; el consuegro del presidente y jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y el ex presidente del Consejo Supremo Electoral Roberto Rivas.
Las sanciones, que bloquean todos los bienes o intereses en Estados Unidos de los afectados y de ciudadanos estadounidenses relacionados con ellos, incluyen al Banco Corporativo, una subsidiaria de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), financiada por el gobierno venezolano.
El Ejecutivo también dijo que está dispuesto a cumplir con el respeto a todos los derechos constitucionales de la democracia, «considerándolos derechos de todos los nicaragüenses, sin excepción».
Es la primera vez que el gobierno de Ortega, acusado por organismos nacionales e internacionales de cometer múltiples violaciones de los derechos humanos, habla en forma directade respetar la Constitución.
El Ejecutivo ya se había comprometido a respetar la Constitución el 29 de marzo pasado, en las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de oposición, para encontrar una salida a la crisis, pero se le acusa de incumplir el compromiso.
Entre los compromisos del gobierno está la liberación de los presos políticos, 809 según la Alianza, casi el doble de los que reconoce Ortega. Otros asuntos que dijo estar dispuesto a discutir, como muestra de su «compromiso de buena fe y buena voluntad», es el retorno de los exiliados, a los que acusó de »comprometidos en las acciones violentas del golpismo».
También se mostró dispuesto a negociar la presencia de garantes de los acuerdos firmados y de reformas electorales acordadas con la Organización de Estados Americanos en 2017, un año antes del estallido social contra Ortega. La crisis que atraviesa Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque organizaciones locales cuentan hasta 568 fallecidos, y el gobierno reconoce 199.