El gobierno estadounidense reunió a 57 niños menores de 5 años de edad con sus padres y dejó a otros 46 en espera, por diferentes motivos, luego de no cumplir el plazo dado por la justicia para proceder a reunificar a 103 pequeños separados de sus familias en la frontera con México.
“Las reunificaciones iniciales se completaron. Durante todo el proceso nuestro objetivo ha sido el bienestar de los niños y su regreso a un entorno seguro”, dijeron en un comunicado conjunto el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar; el fiscal general, Jeff Sessions, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
Los tres funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump aseguraron que sus procedimientos cuidadosos de reunificación familiar han prevenido que los niños fueran ubicados en un recinto con un presunto asesino, un adulto condenado por abuso infantil y mayores de edad que no son sus padres biológicos.
De hecho, el gobierno precisó en su nota que no ha podido reunificar a 46 pequeños porque sus padres tienen antecedentes criminales graves, han sido deportados o están encarcelados, entre otras cuestiones.
La lista indica que 11 padres tienen antecedentes criminales, incluida condenas por crueldad infantil, secuestro, asesinato, contrabando humano y violencia doméstica. Además, 7 de los adultos que reclamaron a los bebés no eran sus progenitores biológicos, uno falsificó un certificado de nacimiento, otro ha sido condenado por abuso infantil y otro más está siendo tratado por una enfermedad contagiosa.
Otros 24 niños no pueden ser devueltos a sus padres debido a varias circunstancias, según el gobierno. 12 de ellos ya han sido deportados, 9 están encarcelados por otros delitos, 2 se encuentran bajo custodia en cárceles estatales y de 1 de ellos no se sabe el paradero.
Cerca de 3.000 niños han sido separados de sus papás desde que en abril pasado la Casa Blanca decidió adoptar una política de tolerancia cero contra los inmigrantes que entraban al país irregularmente por la frontera con México, medida que finalmente fue suspendida a mediados de junio por las fuertes críticas recibidas.
Sin embargo, el juez federal Dana Sabraw determinó a finales de junio que el gobierno debía reunir a estas familias y dio 14 días de plazo para cumplir la sentencia en el caso de los menores de 5 años de edad, que expiró el martes, y de 30 días para los mayores de esa edad. Por este motivo, en las últimas semanas las autoridades han estado trabajando contrarreloj para poder certificar la relación familiar de los menores y sus progenitores, lo que llevó al gobierno a constituir un equipo de 230 personas para hacer pruebas de ADN, con el fin de establecer el parentesco.