El gobierno de Chile proyectó que unos 300.000 venezolanos podrían llegar al país entre este año 2019 y el próximo 2020, lo que podría duplicar la cifra de quienes ya se encuentran allí, desde que se incrementó la crisis que afecta a Venezuela.
La cifra fue dada a conocer este martes por el ministro chileno del Interior, Andrés Chadwick, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a la que concurrió el lunes en la tarde para explicar la situación ocurrida en las fronteras de Chile con Perú y Bolivia en las últimas semanas, con cientos de venezolanos esperando ingresar a Chile.
Las autoridades rechazaron a la mayoría, y les exigió una visa consular recién implementada, que puede ser tramitada en los consulados de Chile en el exterior.
El último fin de semana el gobierno señaló que los venezolanos fueron trasladados a Perú y Bolivia para facilitarles la tramitación de esa visa, de las que en el primer país se concedieron 112 la semana pasada, sobre un total de 822 solicitudes, según datos del Ministerio del Interior.
En el Senado, el ministro Chadwick reiteró el compromiso del Ejecutivo en brindar apoyo humanitario a los venezolanos, pero sostuvo que su ingreso debe hacerse en forma ordenada, de acuerdo con la ley.
«Hemos recibido a 400.000 ciudadanos venezolanos en nuestro país y establecimos una visa única y especial que no se tiene con ningún otro pueblo, que es la visa de responsabilidad democrática, para efectos de poder garantizar que puedan acceder a mejores condiciones de vida», afirmó.
«Tenemos una legislación que establece cuáles son los requisitos de ingreso al país y nosotros vamos a dar cumplimiento a la ley», subrayó.
El gobierno ha advertido que varios organismos internacionales, entre ellos la OEA, prevén un aumento en la salida de venezolanos a causa de la crisis, hasta de unos 7 millones para 2020.
En ese contexto, Chadwick sostuvo que al gobierno le gustaría ayudar a los migrantes venezolanos, pero que ello «no es responsabilidad de La Moneda (sede del Ejecutivo), sino que de la administración de Nicolás Maduro».
En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, pidió al gobierno chileno garantizar el derecho a la solicitud de visas y la condición de refugio flexibilizando los requisitos de ingreso en atención a las circunstancias políticas y humanitarias en Venezuela.
El jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos, afirmó que el problema en la frontera no se resolvió con el traslado de los venezolanos a Perú y Bolivia para que tramiten las vidas, sino que simplemente «se trasladó el problema», y señaló que en la ciudad peruana de Tacna, muchas personas permanecen a la intemperie.
«Por otra parte, nosotros pudimos observar la falta de atención humanitaria y también la vulneración de derechos humanos, especialmente en el rechazo de solicitudes de refugio por parte de la Policía de Investigaciones en frontera», añadió en un comunicado.
En tanto, el senador socialista José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA y ex canciller, llamó al gobierno a aplicar medidas transitorias para quienes se encuentran en la frontera y señaló que la política migratoria contradice el discurso del Ejecutivo.
Insulza subrayó que al implementar el año pasado la visa de responsabilidad democrática para los venezolanos el gobierno de Sebastián Piñera, en la práctica, los invitó a viajar a Chile y ahora les niega la entrada.
«Ciertamente, la visa de responsabilidad democrática generó una obligación. O sea, la intención de eso fue llamarlos, no es que hayan venido, sino que nosotros los llamamos», dijo.