Centenares de personas volvieron ayer a las calles de Sao Paulo y de Brasilia para protestar contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante su toma de posesión como ministro de la Presidencia de Brasil y exigieron la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, cuya popularidad se encuentra en su punto más bajo. Lula asumió la cartera más poderosa del gabinete en medio de manifestaciones de grupos opositores y  simpatizantes que se reunieron a las afueras del Palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, y en una ceremonia en la que los invitados recibieron al ex presidente y a Rousseff al grito de «no habrá golpe». La expresión de apoyo fue en referencia al posible juicio político con miras a la destitución de la mandataria, impulsado por la oposición y que el Congreso retomó ayer.Cuarenta minutos después, el  juez Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, suspendió el nombramiento de Lula como jefe de gabinete, alimentando las tensiones en un país paralizado por los escándalos de corrupción.  La medida cautelar, hasta que el máximo tribunal se pronuncie, busca evitar que el ex presidente consiga la protección de fueros privilegiados que le otorga la condición de ministro y que lo sustraería a la justicia ordinaria, y en especial al juez Sergio Moro que lo investiga por enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. El gobierno recurrió la decisión del juez federal por considerar que no hubo desvío de poder ni un intento de obstruir a la justicia en el nombramiento de Lula.En su decisión, el magistrado sugirió que Rousseff pudo haber cometido un delito y argumentó que si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una «intervención indebida y odiosa» contra la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. La acción del juez respondió a una demanda presentada por los partidos de la oposición que fundamentaron su petición en las causas abiertas por la justicia contra Lula.Entretanto,  el Partido Socialista Brasileño presentó una nueva demanda contra el nombramiento del ex presidente Lula  como ministro, situación que calificó de «grave ofensa» a la separación de poderes, al entender que Rousseff tuvo la intención de «burlar» el sistema judicial para evitar que Lula fuera procesado en un tribunal común, según un comunicado de la Corte Suprema. El magistrado Teori Zavascki fue escogido como relator para esta demanda y debe pronunciarse en los próximos días. ¿Watergate? El juez federal brasileño Sergio Moro citó el caso Watergate (1974) para justificar la divulgación de las escuchas telefónicas entre Lula y Rousseff. Argumentó que ni el presidente tiene privilegio absoluto en el resguardo de sus comunicaciones, a pesar de tener foro privilegiado. Moro reiteró que había causa justa y autorización legal para interceptar las escuchas del ex mandatario.El magistrado se apoyó en los audios, grabados por orden judicial y divulgados el miércoles pasado, los cuales generaron la sospecha de que Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso jurídico contra el ex presidente.Rousseff expresó su repudio total a la divulgación de los audios y pidió una investigación para saber quién lo autorizó y por qué lo divulgó, cuando, en su opinión, no tenían nada que pueda levantar sospechas.


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