Florida tiene, a partir de este viernes, una de las leyes antinmigrantes más estrictas de Estados Unidos contra las llamadas ciudades «santuario» y que impulsa la cooperación con las autoridades federales migratorias, aunque se anticipan demandas legales de grupos civiles que la consideran «inconstitucional».
Al firmarla como ley, el gobernador Ron DeSantis, alineado con las políticas antinmigrantes del presidente Donald Trump, dijo en medio de los aplausos que estaba cumpliendo, así, una de sus promesas de «luchar contra la inmigración ilegal».
El republicano subrayó que se trata de ofrecer «seguridad» a la población y criticó que las llamadas ciudades «santuario» son jurisdicciones «libres de ley», aprovechadas por inmigrantes indocumentados para cometer crímenes.
La nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía cumplir la ley federal de inmigración y también trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para detener y deportar a los inmigrantes.
Sin embargo, para grupos como el Southern Poverty Law Center se trata de una ley «inconstitucional» que obliga a las policías a «detener sin causa probable» a personas para entregarlas a las autoridades federales de inmigración.
«Viola la Cuarta Enmienda, que prohíbe la captura sin razón, conducirá a la violación de los derechos constitucionales y someterá a costosos litigios» a las autoridades locales, manifestó en un comunicado Scott McCoy, directivo de Southern Poverty Law Center.
La Coalición de Inmigrantes de Florida también anticipó este viernes «desafíos legales» para su implementación en un estado con un 20% de población inmigrante.
Las organizaciones criticaron los polémicos «detainers» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, como se conocen las detenciones ordenadas por esa agencia federal, mediante las cuales las policías locales retienen a indocumentados que suelen ser arrestados por delitos menores durante más del tiempo establecido por la ley, sin la orden de un juez o la Fiscalía, y con el propósito de su deportación.
El proyecto, aprobado en abril pasado por el Legislativo de Florida, de mayoría republicana, entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio y otorga tres meses de margen a las autoridades policiales para ponerlo en marcha.
Iniciativas similares habían fracasado en años anteriores en el Legislativo de Florida, pero logró un gran impulso con la llegada al poder este año de DeSantis.
La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Terrie Rizzo, tildó de »vergonzoso» que DeSantis y los legisladores republicanos «prefieran apoyarse en la agenda xenófoba del presidente Trump, en lugar de los dueños de negocios, funcionarios electos, agentes de la ley y miembros de la comunidad de la Florida que le pidieron que vetara este proyecto de ley».
Una veintena de grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes emitieron el pasado abril una alerta de viaje a Florida por la posibilidad de un aumento de casos de «discriminación racial, detención injusta y deportación» por esta ley.
Sin embargo, el republicano negó este viernes a la prensa que se trate de discriminación y aseguró que la nueva ley no tendrá ningún «impacto» negativo en el turismo proveniente de Latinoamérica.