El exfiscal Avelino Guillén, quien presentó la acusación en el juicio que en 2009 concluyó en una sentencia a 25 años de cárcel contra el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), afirmó que en ese proceso se presentaron más de 500 pruebas contra el exmandatario. «En la oralización (sic) de la prueba, nosotros presentamos más de quinientas pruebas que acreditaban los hechos y la responsabilidad», señaló Guillén en declaraciones publicadas hoy por el diario La República. La candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del expresidente encarcelado, afirmó el domingo que no se demostró «con evidencias, con pruebas» la responsabilidad de su padre en los delitos por los que fue condenado por un tribunal peruano a 25 años de cárcel en 2009. «He asistido a los procesos judiciales y ahí no se demostró con evidencias, con pruebas, su responsabilidad», declaró Keiko Fujimori en una entrevista ofrecida al diario Perú 21. El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló a La República, al respecto, que durante el proceso seguido contra el exmandatario se determinó que existió una estrategia de lucha antisubversiva que incluía la eliminación selectiva de personas. «También quedó demostrado, contra lo que decía el abogado (del exmandatario), que Fujimori sí daba órdenes militares», remarcó. La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) agregó que integrantes del grupo militar encubierto Colina y otros miembros del sistema de inteligencia confirmaron que hubo un aparato organizado que funcionaba bajo las directivas del expresidente Fujimori. «Él estuvo presente en todo el proceso, también sus familiares, por lo que no pueden negar todo lo que el mundo vio», concluyó. Keiko Fujimori reconoció el domingo que las matanzas de los Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), por los que fue condenado su padre, «son crímenes de lesa humanidad» cometidos por el grupo militar encubierto Colina y enfatizó que sus integrantes «tienen que permanecer en la cárcel». Agregó que «hay responsabilidad política» de su padre, pero dijo que se niega a «entrar en el tema» de la responsabilidad penal. Keiko reiteró que impulsan un proceso para «llevar a cabo el proceso de libertad» del exmandatario y aseguró que este «será únicamente a través de la vía legal y constitucional». El miércoles pasado, el Tribunal Constitucional de Perú dejó al voto un pedido de hábeas corpus presentado por el expresidente para que anule, por presunta violación al debido proceso, el juicio que concluyó en la sentencia a 25 años de cárcel y disponga la celebración de uno nuevo. Alberto Fujimori fue sentenciado en abril de 2009 a 25 años de cárcel «como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía» de 9 estudiantes y un profesor de la universidad limeña de La Cantuta (1992) y de otras 15 personas en la zona limeña de Barrios Altos (1991), a manos del grupo militar encubierto Colina. Fujimori también fue condenado en ese juicio por los «secuestros agravados» del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992.


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