El líder de las FARC, ya transformadas en partido político, Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timochenko», pidió este domingo una reunión a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Betsouda, ante los cambios que hizo el Constitucional colombiano a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
«La Corte Constitucional colombiana, pese a declarar ajustado a la Constitución el conjunto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, declara simultáneamente inconstitucionales varias disposiciones del capítulo de la JEP, creando una serie de situaciones realmente preocupantes», dice el ex guerrillero en una carta.
Por eso le piden a Betsouda una entrevista con delegados de las FARC puesto que consideran que «con la jurisprudencia internacional sobre la materia, el fallo de la Corte colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas».
La Corte Constitucional de Colombia declaró el martes pasado ajustada a la ley la JEP que, según el acuerdo firmado por el Gobierno y las FARC en noviembre del año pasado, se encargará de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado.
A pesar de ello, el alto tribunal detalló que hubo apartes «que fueron declarados inexequibles (no ajustados a la ley)», lo que supone que se le tendrán que hacer cambios.
El número dos de las FARC, Luciano Marín, alias «Iván Márquez», ya había denunciado las modificaciones que se le introdujeron a la JEP, pactada en las negociaciones de paz en La Habana, porque considera que estimulan la «impunidad» porque «quedaron liberados los agentes del Estado civiles: ministros, congresistas, fiscales, procuradores y gobernadores, constituyendo una privilegiada casta de intocables».
En este sentido, «Timochenko» señaló en su misiva de hoy que la JEP «fue concebida como un mecanismo excepcional de justicia transitoria» cuyo objetivo era «asegurar que llegara a su fin la impunidad reinante en Colombia en materia de crímenes de Estado y graves violaciones a la ley internacional por parte de terceros en el conflicto».
Por ello, reitera que la sentencia de la Corte «excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP» a agentes estatales no militares y a «terceros responsables de graves crímenes».