Ciudadanos autoconvocados de Nicaragua y diversas organizaciones de la sociedad civil pidieron este lunes la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Además exigieron la instalación de una junta de transición para superar la crisis que ha dejado cerca de 300 muertos en su país.
«Exigimos la salida inmediata del régimen Ortega-Murillo, por crímenes de lesa humanidad. Cada día con estos genocidas en el poder significa más muerte y sufrimiento para el pueblo de Nicaragua», indicaron los autoconvocados, en un pronunciamiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos humanitarios nicaragüenses ha responsabilizado al gobierno de Daniel Ortega de violaciones a los derechos humanos.
Según la CIDH, las violaciones incluyen asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país.
Los autoconvocados también propusieron la confirmación de una junta de transición, constituida por entre cinco y siete miembros, cuyas funciones serían restaurar las instituciones y la Constitución, así como garantizar las condiciones para nuevas elecciones.
Además exigieron al Ejército de Nicaragua que se pronuncie sobre la existencia de armas de guerra en grupos paramilitares y bandas que asesinan a la población pueblo.
«Clamamos la protección de los organismos internacionales in situ, para preservar la vida de los ciudadanos», mencionaron los autoconvocados.
Asimismo, llamaron a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que participa en el diálogo nacional con el gobierno, así como a todos los movimientos ciudadanos y gremiales, para que juntos conformen una unidad nacional.
«El pueblo nicaragüense a gritos clama por su vida, que se vaya (Ortega) para preparar elecciones», remarcaron los autoconvocados.
Nicaragua espera que la crisis sea resuelta en la mesa de diálogo nacional entre el gobierno y la Alianza Cívica, que ya presentó en esa instancia una propuesta de adelanto de las elecciones a marzo de 2019, lo que el Ejecutivo no ha aceptado.