El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, instó este lunes a la Unión Europea a imponer sanciones selectivas contra los responsables de la muerte del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo cuando se encontraba detenido bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim.
“Han ocurrido muertes trágicas de personas detenidas bajo el control de la policía política venezolana, el embajador de Venezuela en España ha sido llamado para que diera explicaciones y hemos planteado la necesidad de establecer sanciones contra las personas responsables de dichos actos”, indicó Borrell en una rueda de prensa durante una reunión de ministros de Exteriores de la UE.
Borrell defendió que se apliquen medidas restrictivas a las personas que se han visto involucradas en los casos de torturas que terminan con la muerte de las víctimas. “Si están identificadas, hay que establecer sanciones contra ellas, claro”, sostuvo.
El ministro se refirió a Acosta Arévalo, quien fue detenido el 21 de junio pasado por funcionarios de contrainteligencia militar sin que se indicaran entonces los motivos.
Su defensa y dirigentes de la oposición afirmaron que el militar fue torturado hasta la muerte y que la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante el tribunal, no podía mantenerse en pie ni hablar.
Borrell dejó claro que las sanciones no pueden ser un instrumento que perturbe la negociación entre representantes del régimen de Nicolás Maduro y del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en Noruega.
Expresó que su país ha insistido en que es absolutamente prioritario conseguir que prosperen las negociaciones auspiciadas por el gobierno noruego, debido a que es el único elemento para lograr que las dos partes involucradas logren un acuerdo.
«Al mismo tiempo, han ocurrido acontecimientos dramáticos, individuales, provocados por individuos concretos, que tienen que ser objeto de una respuesta sancionadora por parte de la comunidad internacional», manifestó.
El ministro aclaró que esta posición no significa que las sanciones que se apliquen afecten a todos los venezolanos, porque cree que en este momento no contribuyen al desarrollo del diálogo.
«Tiempo habrá si esas negociaciones no prosperan para hacerlo, pero esas negociaciones tampoco pueden ser un escudo protector para personas que se han identificado, parece ser, como los responsables de un acto tremendo, concreto y preciso, que tienen que ser objeto de sanciones precisas y concretas», subrayó.
Borrell señaló también que respalda el informe de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras su visita al país.
«La legitimidad del gobierno de Maduro está cuestionada por el simple hecho de que fue elegido en unas elecciones que no reconocemos», recordó, y rechazó que la UE muestre «ninguna condescendencia».
«No veo en qué somos condescendientes. Lo que ocurre es que el señor Maduro tiene, nos guste o no nos guste, el control de la administración, del Ejército», apuntó.