La Policía de España detuvo a 23 personas acusadas de formar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres en las comunidades de Cantabria y Vizcaya.
La organización captaba a mujeres de Venezuela, Paraguay y República Dominicana que eran sometidas a jornadas de hasta 12 horas diarias, y que aumentaban cuando algún cliente así lo requería. Las mujeres debían cumplir, como mínimo, con tres encuentros sexuales al día.
Tres mujeres que eran prostituidas hasta «pagar su deuda», que en algunos casos llegaba a los 6.000 euros, fueron liberadas.
Además de la explotación sexual, la Polícia investiga otros posibles delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales.
Los explotadores fijaban los precios por los servicios sexuales y en ocasiones las mujeres tenían que realizar servicios «fiados» a clientes «VIP», además de sufrir abusos sexuales por parte de los jefes de la organización, a los que debían pagar 55 euros diarios en concepto de alojamiento y luz.
Para captarlas, los dueños de los locales utilizaban en sus países a unos intermediarios que las convencían de ir a España y siempre buscaban víctimas vulnerables por su situación económica y familiar.
Durante la operación se intervinieron más de 1.000 euros en efectivo, drogas, armas blancas, un bate de béisbol y cartuchos del calibre 38, así como abundante documentación contable y bancaria y dispositivos electrónicos.
La investigación comenzó debido a la declaración de una mujer que logró escapar del control de la red, denunció los hechos sufridos y manifiestoó la existencia de una estructura dedicada a la trata de mujeres para la explotación sexual.