La muerte de dos niños venezolanos a causa de un cuadro crónico de mal de chagas, que fueron atendidos en el mes de septiembre de manera tardía en el Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem), de Cúcuta, encendió las alarmas en Norte de Santander sobre una silenciosa problemática en esta región fronteriza, que se relaciona con la aparición de patologías inusuales en el historial clínico de la población migratoria en situación irregular.

Como ocurrió con estos pequeños, provenientes de la ciudad de Táriba, estado Táchira, quienes fueron remitidos a este complejo hospitalario por un fallo de tutela que ordenaba su inmediata intervención médica, muchos de estos ciudadanos agonizan en las camillas de los servicios de urgencias, sin poder acceder a un esquema de atención en salud, dada su condición de ilegalidad en territorio colombiano.

Mientras estos extranjeros enfrentan el drama de normalizar su estatus en esta parte del país donde decidieron refugiarse tras huir de un régimen que se despedaza al otro lado de la línea divisoria, el Instituto Departamental de Salud (IDS) de Norte de Santander engrosa las cifras de un reporte sobre casos por enfermedades como la violencia de género, la malaria, la tuberculosas y el VIH/sida, que se desprende de la atención a 11.800 pacientes de origen venezolano, desde 2015, cuando se produjo el cierre de la frontera por orden del presidente Nicolás Maduro.

“Estos pacientes están llegando a diario, con múltiples patologías a nuestros centros asistenciales. Ellos hasta el momento no tienen ningún acceso al sistema de salud, entonces ahí empezamos con la dificultad para garantizarles estos medicamentos y así controlar estas patologías”, indicó Juan Alberto Bitar, director del IDS.

Asumido como una problemática psicosocial del área médica, la violencia contra la mujer es la patología que encabeza este listado de enfermedades, sobre las cuales recae un estricto control por parte de las autoridades sanitarias para contener su propagación. Mientras que en 2016, la red pública recibió 26 casos relacionados con este fenómeno, en lo corrido de 2017 se han atendido 136.

Esta peligrosa constante en ascenso también se percibe en pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), quienes llegan a Colombia con la salud resquebrajada y sin posibilidades de someterse a un tratamiento con retrovirales para mejorar su calidad de vida, pues no gozan de un acceso al sistema de atención. Debido a esta privación en los servicios médicos, durante 2017 han muerto dos personas más de las 18 que fallecieron el año pasado.

De acuerdo con algunos especialistas del Servicio de Epidemiología del Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), los usuarios con esta patología en especial llegan en una etapa crítica de su enfermedad, lo que estaría disparando los índices de mortalidad. 

La escasez de medicamentos que afronta Venezuela desde 2015 y el altísimo precio de algunos fármacos esenciales para sobrellevar cualquier dolencia, serían entre muchas otras las razones por las cual estos pacientes acuden a los centros asistenciales de Cúcuta con pocas esperanzas de que un tratamiento revierta un fatal desenlace.

El ‘desangre’ financiero

A pesar de esta trágica radiografía que desnuda el ‘pronóstico reservado’ en el que están sumidos cientos de venezolanos en esta zona limítrofe, esto no es lo que más preocupa a las autoridades departamentales.

La cartera morosa de 7.6 millardos de pesos que genera la prestación del servicio a la población extranjera en el HUEM y en algunos establecimientos de salud de primer y segundo nivel constituye la mayor inquietud de quienes velan por las finanzas de estas instituciones públicas y privadas. Mensualmente, la prestación de estos servicios le cuestan al departamento 600 millones de pesos, un ‘desangre’ financiero que ninguna contabilidad aguanta.

Mientras las autoridades del orden nacional tratan de formular estrategias para aliviar ese hueco fiscal, a través de ‘paliativos’ como la destinación de recursos para garantizar la atención a los migrantes, los venezolanos que llegan al territorio nacional, buscan la manera de aferrarse a su nuevo hogar, con miras a llenar vacíos institucionales, como en el tema de salud, que ha propiciado la crisis política y humanitaria de los venezolanos.


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