Por no haberse posesionado como parlamentario, y al no haber considerado que hubiera existido una razón de fuerza mayor para faltar a ese compromiso, el Consejo de Estado determinó quitarle la investidura a Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, ex jefe guerrillero de las FARC.
La decisión, en primera instancia, significa que no podrá volver a ocupar cargos de elección popular en su vida, por lo que la pérdida de investidura es conocida como la «muerte política».
En el estudio de la demanda, la Procuraduría había pedido quitarle a Márquez su investidura, pues consideraba que decidió, «deliberadamente», no posesionarse como senador.
El mencionado artículo establece: “En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por delitos de lesa humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”.
Por su parte, el presidente Iván Duque se refirió a la decisión del Consejo de Estado y aseguró: “Yo creo que cuando hay una carrera criminal, cuando además se trata de burlar al pueblo colombiano y a la generosidad del pueblo colombiano no presentándose a cumplir con los principios de verdad, justicia y reparación, no puede haber un destino distinto”.
Segunda baja a las FARC
El caso de Márquez es distinto al de su compañero del partido FARC, Jesús Santrich, a quien el Consejo de Estado le mantuvo la investidura porque si bien Santrich tampoco se posesionó como parlamentario el pasado 20 de julio, la razón tuvo que ver con que estaba privado de libertad, lo que para la alta corte es un motivo de fuerza mayor.
La Jurisdicción Especial de Paz estableció el incidente de incumplimiento a Iván Márquez.
Tenía asegurada una curul en el Congreso por cuenta del acuerdo de paz con las FARC, que le dio a la ex guerrilla cinco escaños en la Cámara y cinco en el Senado.
Sin embargo, días después de la captura de Jesús Santrich, el 9 de abril de 2018, por una solicitud de Estados Unidos que lo acusó de narcotráfico, viajó a la zona de reincorporación de Miravalle, Caquetá, y luego salió de allí junto con Hernán Darío Velásquez, el Paisa. Desde entonces se desconoce su paradero.
Por otro lado, la Jurisdicción Especial de Paz le abrió un incidente de incumplimiento por considerar que está faltando a sus compromisos con esa justicia y con la paz.
Desde mediados del año pasado, Márquez no atiende el llamado de la JEP, por lo que el incidente se inició en su contra. Con esto podría terminar perdiendo los beneficios del acuerdo de La Habana.
Márquez fue vinculado en junio de 2018 al caso 001, conocido como el de secuestro. Se le llamó para que rindiera su versión el 14 de marzo de 2019, pero se reprogramó para el 2 de mayo. No obstante, el ex jefe de las FARC no acudió a ninguna de las dos citas en la Sala de Reconocimiento. Tampoco ha respondido a los llamados de la Sala de Amnistía e Indulto
Consecuencias
En primer lugar, la pérdida de investidura significa que no podrá volver a ocupar cargos de elección popular en su vida, así que su futuro en la política es casi nulo. Esto, a pesar de que forma parte del Consejo Político del partido FARC, que surgió tras la desmovilización de ese grupo guerrillero.