Al menos 34 refugiados burundeses murieron en el este de la República Democrática del Congo (RDC) al ser alcanzados por disparos de militares en «escaramuzas» entre los dos grupos.

Las fuerzas armadas de la RDC (Fardc) intentaron dispersar a unos refugiados el viernes en Kamanyola «con disparos al aire pero se vieron desbordados por el lanzamiento de piedras», declaró Josué Boji, director de gabinete del ministro del Interior de Kivu del Sur.

Según Boji, un grupo de refugiados burundeses exigía la liberación de cuatro personas detenidas el miércoles por la noche y «expulsadas a su país de origen».

«Hemos contabilizado 34 muertos entre los refugiados burundeses y 124 heridos», dijo, revisando al alza un balance preliminar de 18 refugiados muertos además de un militar congoleño. Una portavoz de la Misión de la ONU en la RDC (Monusco), Florence Marchal, proporcionó un balance provisional de 18 muertos y 50 heridos. Los otros refugiados burundeses -añadió- «siguen en una base de la Monusco».

«He visto a gente caer, a hombres, mujeres y niños que no tenían armas. Por ahora hemos contabilizado 31 muertos y al menos 105 heridos, entre ellos unos 15 muy graves», afirmó un refugiado burundés.

Según varios testimonios recabados por la AFP, la mayoría de estos refugiados huyen de la «persecución religiosa» del gobierno burundés. Muchos de ellos son adeptos de la profetisa Zebiya, que asegura haber sido testigo de apariciones de la Virgen en el norte de Burundi.

En su cuenta Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Burundi, Alain-Aimé Nyamitwe, ha recalcado la necesidad de «aclaraciones» sobre las circunstancias de este «tiroteo».

Burundi atraviesa una grave crisis política salpicada de actos violentos desde la candidatura en abril de 2015 del presidente Pierre Nkurunziza a un polémico tercer mandato y su reelección en julio de ese año. Esta violencia ha causado entre 500 y 2.000 muertos, según los datos de distintas fuentes (ONU y oenegés), cientos de desapariciones y torturas que empujaron al exilio a más de 400.000 Burundeses.

Más de 36.000 de ellos se han refugiado en la República Democrática del Congo, instalándose en el campamento de Lusenda (este), actualmente saturado, y en otros campos de tránsito.

En un informe publicado el 4 de septiembre, un grupo de investigadores de la ONU acusó a las autoridades de Burundi de «crímenes contra la humanidad» y de otras atrocidades cometidos en el país y pidió una investigación urgente a la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno burundés reaccionó denunciando un complot occidental para «esclavizar a los Estados africanos».


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