El Consejo Permanente de la OEA debatió este miércoles acerca de la violación de los derechos humanos en Venezuela.

Durante la primera intervención participó: la abogada venezolana Tamara Suju; el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao; Valentina Ballesta, miembro de Aministía Internacional  y Tamara Taraciuk, miembro de la organización Human Rights Watch.

Suju, quien se desempeña como directora ejecutiva del Casla Institute, se refirió a las torturas que reciben los privados de libertad en los centros de reclusión venezolanos: descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas y gases tóxicos, ahogamiento en bañeras y baldes de agua, inmovilización de las vícitmas y abuso sexual entre otras formas de violencia.

Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, afirmó durante su intervención que la crisis de violación de derechos humanos que enfrenta Venezuela ha sido objeto de especial atención, por la ausencia del Estado de derecho.

También expresó su preocupación por la falta de garantías en las elecciones que se han realizado en el país, lo que las ha transformado, según su opinión, en «ilegítimas» por el quebrantamiento de la separación de poderes, represión de protestas y el uso del derecho penal para castigar a los opositores, entre otras graves violaciones a los derechos.

Abrao destacó además la crisis económina y en la prestación de los servicios básicos y de salud.

“Las medidas cautelares han sido otorgadas para el que se encuentre en una extrema situación de vulnerabilidad. La CIDH también mantiene medidas otorgadas para personas con enfermedades como hemofilia y VIH que no tienen acceso a medicamentos”, expresó.

La Comisión recibió con alarma la información pública referente a la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo bajo la custodia de la Dgcim por evidentes actos de torturas. La falta de respuesta representa una profunda preocupación para la CIDH, por lo que hizo un llamado urgente a los Estados miembros de la OEA a tomar las medidas necesarias dentro de sus competencias, para contribuir con el objetivo del respeto a las medidas cautelares que se han dado a los ciudadanos venezolanos.

Valentina Ballesta, miembro de Amnistía Internacional, denunció por su parte que entre enero y mayo de este año ocurrieron al menos 76 muertes por el uso violento de la fuerza.

TamaraTaraciuk, en representación de Human Rights Watch, apoyó la creación de una comisión internacional de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para profundizar una investigación independiente de las atrocidades y establecer responsabilidades individuales de los responsables de cometer delitos.


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