El Tribunal Constitucional (TC) de Chile declaró este jueves, inconstitucional el Reglamento de Objeción de Conciencia de la ley de aborto terapéutico que regulaba la intervención de los hospitales privados, decisión que permitirá a las clínicas a negarse a practicar la interrupción de embarazos.
Por 8 votos contra 2, el TC resolvió acoger un recurso presentado por senadores de la conservadora bancada de partidos de derecha, que buscaba cancelar el Reglamento de Objeción de Conciencia argumentando que quitaba el derecho constitucional de estas clínicas a negarse a practicar abortos.
«La sentencia será expedida y notificada a más tardar el 8 de enero de 2019 dentro de los plazos que establecen nuestra ley orgánica constitucional», indicó un comunicado del TC.
El reglamento indicaba que las clínicas privadas que tenían convenios con el Ministerio de Salud no podían negarse a practicar abortos «cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología» que por su naturaleza comprendan «atenciones en pabellón».
El fallo del Tribunal Constitucional desecha el reglamento y ahora las clínicas podrán negarse a interrumpir embarazos y mantener los convenios estatales. El reglamento sí permitía la objeción a las clínicas privadas que no disponían de convenios estatales, pero las obligaba a derivar a la paciente que había pedido el aborto a otro centro médico.
En el caso de los médicos, podían excusarse a menos de que una mujer requiera atención inmediata e impostergable. En un comunicado, el Ministerio de Salud anunció que acatará el fallo, de manera que una vez conocida la sentencia, adoptará todas las medidas que sean necesarias para implementar lo resuelto.
El reglamento entró en vigencia en octubre pasado, más de un año después de que el Tribunal Constitucional fallara en favor de la promulgación de la ley que permite el aborto terapéutico en caso de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad fetal.
La ley, promovida por la ex presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), fue duramente criticada por la derecha conservadora y movimientos religiosos.
Tras la aprobación de la norma, el gobierno del conservador Sebastián Piñera presentó el reglamento que permitía a instituciones y médicos invocar la objeción de conciencia para negarse a participar en un aborto, aludiendo a creencias o reglas morales. Este documento provocó críticas desde la oposición y organizaciones pro legalización del aborto.
La Contraloría revisó el reglamento y determinó que no se ajustaba a derecho y obligó al gobierno a ingresar un nuevo protocolo.