Los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay firmarán la próxima semana una carta en la que denunciarán al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la Fiscalía de la Corte PenalInternacional por violación de los derechos humanos de manera sistemática y, específicamente, por crímenes de lesa humanidad.
El canciller peruano Néstor Popolizio confirmó que harán el señalamiento en un intermedio de la Asamblea General de Naciones Unidas. Dijo que es la primera vez que se presenta una denuncia contra un gobierno de la región.
Aclaró que la iniciativa no forma parte del Grupo de Lima, que lidera Perú, sino de un conjunto de países suramericanos miembros del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional en 1998. “Antes no se ha conocido. Es la primera vez”, declaró en una entrevista en Lima.
Popolizio indicó que adjuntarán dos informes: uno de un equipo de expertos, que presentaron todas sus conclusiones sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y otro elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, cuando estuvo al frente de esa instancia Zeid Ra’ad al Hussein. Ambos informes sustentan la denuncia ante la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, nacida en Gambia.
El 20 de agosto, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ya había ratificado que presentaría junto con otros mandatarios suramericanos un pedido a la Corte Penal Internacional para que investigue posibles crímenes cometidos en Venezuela. En una entrevista con el canal de noticias CNN dijo que la iniciativa contaba con el respaldo de sus pares de Colombia, Iván Duque; de Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez.
«En Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. Se ha perdido el valor de la vida», afirmó Macri en la entrevista. Consideró que hasta el momento todo intento por mejorar la situación política y social en Venezuela ha sido «frustrante» y mencionó que la concreción de la denuncia ante la CPI sería «en algunas semanas».
Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional, escribió en su cuenta de Twitter: “Estrictamente hablando, no se trata de una denuncia sino de un referimiento de la situación en Venezuela a la Fiscalía de la Corte, que es la que deberá investigar con mayor ahínco los crímenes de lesa humanidad cometidos”.
El 8 de febrero pasado, la fiscal Bensouda anunció el inicio de un examen preliminar por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el país. La Fiscalía decidió evaluar el uso de la fuerza por funcionarios de seguridad del Estado venezolano durante las protestas de 2017. En principio, el examen versa acerca de la detención y encarcelamiento de opositores, incluido a los que fueron sometidos a graves abusos, pero también sobre el uso de la violencia de algunos manifestantes.
De Alba remite a un artículo suyo publicado en un portal en el que explica que aunque la Fiscalía comenzó el examen preliminar sobre Venezuela, esto no impide que mientras lo adelanta algún Estado o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puedan remitir la situación a la CPI.